A través de la resolución 1/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso la “suspensión transitoria” de los créditos Anses para jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de distintas prestaciones de la seguridad social bajo el argumento de “contribuir a la preservación del valor y rentabilidad” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
“Suspéndase transitoriamente el otorgamiento de créditos, en el marco del Programa CRÉDITOS ANSES”, determina la resolución.
Además, sostienen que la actual inversión en el programa “debe ser reanalizada considerando si el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales”.
La decisión se da en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Así, como “medida preventiva y temporal” se interrumpe el financiamiento “hasta tanto se estabilicen las variables económicas y puedan evaluarse las condiciones financieras vigentes”.
El programa, anunciado el pasado 1 de noviembre e impulsado por el ex ministro de Economía Sergio Massa y la ex titular de ANSES Fernanda Raverta, permitía a los trabajadores en relación de dependencia con un salario de hasta $1.980.000 que no paguen impuesto a las Ganancias pedir préstamos de hasta $1 millón con una Tasa Nominal Anual (TNA) subsidiada del 50% a pagar en 24, 36 o 48 cuotas. Se estimaba que la iniciativa podía alcanzar a 5,4 millones de personas.
Pedir dicho préstamo contaba con mínimos requisitos: residir en la Argentina en forma permanente, tener una antigüedad laboral no menor a 6 meses, no ser trabajador eventual o de casas particulares, no superar la situación 2 en la Central de Deudores del BCRA y ser titular de una tarjeta de crédito en el banco donde cobrás tu sueldo. Además, se comenzaba a pagar a los tres meses de ser solicitado.
En el caso de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA), el crédito tenía un límite de hasta $600.000 y para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de hasta $250.000, con una TNA del 29%.
Las tasas de interés de los créditos se encontraban muy por debajo de las tasas de mercado. En este sentido, la resolución recuerda el que DNU “establece la desregulación del comercio, los servicios y la industria, dejando sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y de toda normativa que distorsione precios del mercado que impida la interacción de la oferta y demanda de manera espontánea para corregir la crisis que enfrenta la economía argentina y promover a su reconstrucción”.
Al anunciar la ampliación del programa en noviembre pasado, días antes del balotaje, Massa había argumentado que “esta decisión mejora la capacidad de crédito de trabajadores y jubilados en la Argentina. Aspiramos, además a que esta medida sirva, en muchos casos, para resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales, que sabemos que a veces complican la vida del trabajador. Y para aquellos que no tienen deuda, sirva a los efectos de avanzar de manera bancarizada, de manera digital, con la compra de bienes o con la contratación de aquellos servicios, ya sea para la familia o de turismo, que necesiten”.
El Merval y los bonos soberanos arrancan la semana en rojo, reflejo del desconcierto por el veto presidencial a la ley de pensiones, el fallo sobre YPF en EE.UU. y la falta de consenso político. La presión sobre el dólar y la debilidad del peso marcan el termómetro de la desconfianza.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
La economía argentina vive una jornada de alta tensión. Mientras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la deuda externa alcanzó un récord histórico de USD 278.070 millones, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó en Buenos Aires para auditar el cumplimiento del nuevo programa de financiamiento firmado en abril.
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Los aranceles de Estados Unidos siguen siendo un freno para el comercio internacional, y también la volatilidad asociada a la figura de Trump.
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La jueza Loretta Preska resolverá si suspende la orden de transferir el 51 % de las acciones de YPF a fondos buitres. Si el fallo se ejecuta, el Estado argentino perdería su participación mayoritaria en la petrolera más importante del país, con consecuencias económicas, políticas y soberanas de gran escala.
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