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Salto Grande se prepara para una interpelación histórica, no sólo porque es la primera vez que la central hidroeléctrica que provee de energía al 44% de los hogares uruguayos está bajo la lupa política, sino porque las autoridades ordenaron remitir la mayor cantidad de información posible al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titular, Azucena Arbeleche, será sometida a cuestionamiento el próximo 3 de octubre por el Frente Amplio.
Por eso, en las últimas horas se conoció que hubo una suspensión provisoria de pagos a proveedores, mientras se analizan cada uno de los documentos y contratos realizados por el organismo, desde la compra de materiales eléctricos hasta servicios y convenios.
Fuentes consultadas indicaron al diario uruguayo LaGuardia que lejos de “querer ampararse” en la “inmunidad” que le da la naturaleza jurídica de ser un organismo internacional, la intención es echar luz a la situación.
Por tal motivo “sabemos que la oposición pidió toda la información posible y en tal sentido desde el Ministerio nos han solicitado la posibilidad de contar con la documentación adecuada para ir a la interpelación, por eso estamos abocados al tema y es que la tarea administrativa de Salto Grande se ha visto alterada”, publicó el medio uruguayo.
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