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Encerrar en una isla a centenares de peligrosos delincuentes es el nuevo plan de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para hacer frente a la violencia que desangra a este país centroamericano. El Gobierno hondureño, desbordado por la criminalidad, planea construir en las Islas del Cisne, un archipiélago deshabitado localizado en el noroeste del Caribe hondureño, una enorme prisión de alta seguridad para encerrar a los líderes de las pandillas que desatan el terror en el país. El complejo tendrá capacidad para unas 2.000 personas y estará tan aislado que las comunicaciones solo podrán hacerse vía satélite, han explicado autoridades hondureñas a la agencia estadounidense AP. “Es lo más lejos que pueden estar, por lo que estos líderes de pandillas sienten la presión una vez que están en la isla. La idea es que pierdan el contacto con todo, el contacto con toda la sociedad y realmente puedan pagar por sus crímenes”, ha dicho José Jorge Fortín, jefe de las fuerzas armadas de Honduras.
La prisión en la isla es la última medida desesperada del Gobierno de Castro tras una serie de sangrientos incidentes que han demostrado que las pandillas y otras agrupaciones criminales tienen un amplio control en las prisiones y en vastos territorios de este país, uno de los más pobres y atrasados del continente. Castro ha dado un giro a sus promesas de campaña de enfrentar la delincuencia a través de profundas reformas políticas que permitan limpiar el corrupto sistema de justicia y se ha decantado por la mano dura, siguiendo los pasos del presidente de El Salvador, el populista Nayib Bukele. Tras la matanza ocurrida en junio en una cárcel de mujeres cerca de Tegucigalpa, la capital, que dejó 46 reclusas asesinadas, varias de ellas quemadas, la mandataria aseguró que tomaría “medidas drásticas” para detener la sangría. Apenas cuatro días después, sin embargo, una serie de ataques criminales demostraron que la violencia está desbordada: en un solo día se registraron 21 muertos en dos masacres en el norte del país.
Castro ha optado por la bukelización de su política de seguridad y ha anunciado medidas extremas que incluyen toques de queda, estados parciales de excepción para combatir el crimen en 120 comunidades y ha desplegado a militares y policías para retomar el control de zonas tomadas por agrupaciones criminales, donde además ha suspendido las garantías constitucionales de los ciudadanos. A estas acciones se suman ahora los planes de construir la megaprisión en las Islas del Cisne, una especie de Alcatraz hondureña donde las autoridades esperan, por fin, mantener controlados a los líderes de las pandillas que desde las prisiones convencionales actuales siguen desarrollando sus actividades criminales, en gran medida con el apoyo de funcionarios penitenciarios corruptos. “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente”, escribió a mediados de junio la presidenta en una cadena de mensajes publicados en su perfil de Twitter.
Las autoridades de seguridad hondureñas han tenido que voltear a ver a El Salvador para calmar las críticas ante la imposibilidad de hacer frente a la violencia, en un país donde, según datos de Naciones Unidas, los jóvenes de entre 18 y 30 años continúan siendo las principales víctimas de los homicidios. “Si otro país ha hecho algo bien, ¿por qué no copiarlo?”, ha dicho a la agencia AP el jefe de las fuerzas armadas de Honduras, José Jorge Fortín. “No vamos a permitir que esta atmósfera de terror continúe”.
El Gobierno hasta ahora no ha dado más detalles sobre la construcción de la prisión, que aliviará la sobrepoblación de las cárceles del país. A finales de julio, la Policía Militar hizo públicas imágenes que mostraban a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras eran custodiados por decenas de oficiales, en una medida que pretende recuperar el control de las cárceles. “Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, dijo José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional. Pero estas acciones no son suficientes para reducir la violencia y por eso ahora el Gobierno de Castro aspira a la construcción de la megacárcel en el Caribe.
Mientras intenta apaciguar las críticas de su ciudadanía por la violencia con estas medidas de mano dura, la presidenta también abre un frente internacional. Castro ha anunciado que avanza con Naciones Unidas para crear una comisión similar a la exitosa CICIG desplegada en Guatemala para hacer frente a la corrupción y la impunidad. “Con respeto, he informado a la misión de expertos de la ONU que el convenio para la instalación de la CICIH [Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras] debe estar listo y firmado en los próximos meses. Personalmente, hablaré con el secretario [general de la ONU] António Guterres. No podemos esperar más”, ha asegurado la mandataria.
Como intendente del departamento de Canelones, Orsi llegó a reunir un 70 por ciento de aprobación. En 1989 votó en un referéndum a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, también conocida como ley de impunidad.
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