El texto, que forma parte del llamado Pacto Verde de la Unión Europea (UE), prevé objetivos vinculantes de restauración de tierras y espacios marinos afectados por la contaminación o la explotación intensiva para preservar su biodiversidad, en línea con el acuerdo de la COP15 en Montreal.
El grupo parlamentario Partido Popular Europeo (PPE), el más grande del hemiciclo, intentó oponerse al texto, argumentando que reduciría la seguridad alimentaria de la UE y limitaría las posibilidades de construir instalaciones de energía eólica e hidroeléctrica.
Al final, el texto fue aprobado con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones y es el primer paso para que el Parlamento negocie una ley definitiva sobre la cuestión con los gobiernos de los Estados miembros de la UE.
Plan busca frenar deterioro de la biodiversidad
El eurodiputado español César Luena (izquierda), ponente del texto, celebró una "victoria colectiva" y una "buena noticia para la naturaleza, los Estados miembros y la propia UE".
Los ecologistas lamentaron en cambio un texto "muy suavizado" en comparación con las propuestas iniciales de la Comisión Europea. Es una "victoria con sabor amargo", declaró la eurodiputada ecologista Caroline Roose. El proyecto de ley pretende frenar el declive de la biodiversidad y contrarrestar mejor el cambio climático exigiendo la reparación de los ecosistemas dañados.
Según Bruselas, más del 80% de los hábitats naturales de la UE se encuentran en un estado de conservación "deficiente o mediocre", y hasta el 70% de los suelos están en mal estado.
El texto obligaría a los 27 Estados miembros a introducir medidas de restauración para el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE antes de 2030, y para todas las zonas que lo necesiten antes de 2050.
"El Parlamento Europeo votó a favor de objetivos jurídicamente vinculantes para restaurar las zonas naturales degradadas", se congratuló Greenpeace, que lo calificó como "el primer acto legislativo en 30 años para proteger la biodiversidad en la UE".
Restaurar la naturaleza no significa impedir la producción
La ley, propuesta a mediados de 2022 por la Comisión Europea, se ha convertido en un emblema de la batalla política entre los bloques del Parlamento a solo un año de las elecciones europeas.
Como en otras leyes del Pacto Verde, los conservadores expresaban inquietud por el impacto en la agricultura, la pesca o las energías renovables. "Restaurar la naturaleza no debe significar la muerte de toda producción económica, industrial, forestal y agrícola en Europa", estimó la diputada conservadora francesa Anne Sander.
Los defensores del texto criticaban una estrategia "electoralista" de los conservadores, a quienes reprocharon "afirmaciones falsas" y un acercamiento a la extrema derecha y los euroescépticos ante los comicios de junio de 2024.
Un hito para el Pacto Verde de la UE
Uno de los objetivos de la nueva ley es obligar a los países miembros a restaurar partes importantes de los ecosistemas dañados para que vuelvan a estar en buenas condiciones. Esto incluye zonas marinas, bosques y cauces fluviales, así como algunas tierras agrícolas. También quieren ampliar los espacios verdes en las ciudades y revertir el declive de poblaciones de insectos clave para la polinización, como las abejas.
Las medidas deberán abarcar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030, y para 2050 todos los ecosistemas que necesiten restauración. Las negociaciones se vieron acompañadas de disputas, especialmente sobre el uso de las turberas y la turba. Según la propuesta, el 30% de todos los suelos de turba utilizados actualmente en la agricultura deberían renaturalizarse hasta finales de esta década. Para 2050, la proporción debería aumentar hasta el 70%.
La protección del clima y la economía
Los conservadores del Parlamento Europeo y las asociaciones de agricultores quisieron impedir la ley: temen graves pérdidas de tierras para los agricultores. También la asociación de agricultores europeos Copa-Cogeca advirtió de las repercusiones económicas y sociales de la propuesta de la UE. Según su posición, la renaturalización podría reducir la productividad de grandes extensiones de tierras agrícolas. Esto pondría en peligro el objetivo de la seguridad alimentaria.
La Comisión Europea, sin embargo, calcula que, a largo plazo, cada euro invertido en la restauración de los recursos naturales reportará al menos ocho veces más beneficios económicos. Los Verdes, la Izquierda y los socialdemócratas en particular subrayaron que la nueva ley también tiene como objetivo principal la seguridad alimentaria a largo plazo.
En un siguiente paso, el Parlamento Europeo negociará con los representantes de los Estados miembros sobre el proyecto de ley definitivo a finales del verano boreal.
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