Tres funcionarios policiales de la plana mayor de Concepción del Uruguay fueron denunciados por el armado de una causa para perjudicar a colegas, contra quienes inventaron y fraguaron pruebas para involucrarlos en una investigación sobre tráfico y venta de estupefacientes.

La denuncia, a la que tuvo acceso diario EL SOL, recae sobre el Jefe Policial de la Departamental Uruguay, Martin Gaillard; su esposa y Jefa de Toxicología, Mayda Pérez; y el subjefe de Toxicología Albano Sánchez.

Los tres funcionarios estuvieron a cargo de la causa por comercialización de sustancias ilícitas contra un conocido comerciante de Concepción del Uruguay, donde con base en supuestas escuchas, quedaron procesados colegas de las fuerzas policiales de Entre Ríos, y se encuentran detenidos desde hace 8 meses en Gualeguaychú.

Escuchas telefónicas, datos claves

Ahora, los abogados de los damnificados obtuvieron las llamadas originales que aportó la empresa telefónica por donde se cursaron las conversaciones intervenidas. Allí se constata que los policías a cargo de la investigación por comercio de estupefacientes manipularon las escuchas telefónicas que la Justicia les asignó, modificando el contenido en su transcripción y ofreciendo al Juez Federal  Dr. Pablo Seró una presentación diferente a la real.

La manipulación sobre las escuchas ya había sido advertida por miembros de la Prefectura Naval Argentina que realizaban en paralelo la investigación y habían informado que los funcionarios policiales que resultaron falsamente acusados no tenían vinculación alguna con la comercialización de estupefacientes ni su facilitación.

Se presume que son centenares de llamadas que durante dos años -tiempo de investigación- fueron retiradas bajo intenciones dudosas del circuito jurídico.

Altos mandos policiales y su relación con el presunto traficante investigado

De las escuchas originales surge, además, otro hecho más grave: Los investigadores Gaillard, Pérez y Sánchez sí mantenían un vínculo personal muy estrecho y público con el principal involucrado en la causa, que incluía prestación de favores, préstamo de objetos y empleo a familiares.

El sospechoso principal se trata de Nicolás Giarrizzo, conocido comerciante de Concepción del Uruguay con amplias relaciones públicas, que van desde la gente común hasta las de las más altas esferas policiales y políticas.

Se trata de un hombre que supo poseer diversos comercios de distintos rubros, no solo en su ciudad natal sino que también en Concordia, ligado al rubro alimenticio y también a un conocido local bailable de la ciudad. 

Estos comercios eran administrados por Omar Pérez, un comisario mayor retirado y padre de la Jefe de Toxicología Mayda Pérez, una de las involucradas ya mencionadas.

El investigado llegó a tener una confianza tan íntima con el comisario retirado que extendió dicha relación para su entorno familiar, involucrando a lo que hoy en día son los ya mencionados Martín Gaillard y  Mayda Pérez, además del cuñado de esta última, el comisario principal Pablo López. 

Tanto narcotraficantes como policías habrían incurrido al delito

“Los investigadores actuaron con negligencia, impericia y malicia para involucrarlos”, dice la denuncia presentada. Porque si hablar con el acusado era causal para ser detenido, ellos y muchos otros debieran estar en igual condición.

Las conversaciones originales, aportadas por la empresa telefónica por donde se cursaron, ya fueron puestas a consideración de la Justicia por las partes defensoras, que a raíz de eso solicitaron la nulidad de la causa. El Artículo N° 194 Bis del CPPA señala que el Juez deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación si están involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan. Esa ley fue incumplida, y, con ella, violadas las garantías constitucionales.

Los hechos descritos en la denuncia son muy graves porque armando causas, deteniendo inocentes, y violando las garantías constitucionales, policías y criminales convergen en un mismo camino: el delito.

La causa

En octubre de 2022 se realizaron  procedimientos en Concepción del Uruguay de manera conjunta entre la Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos, que llevaron a la detención de más de una docena de personas, entre hombres y mujeres, sospechados de formar parte de una banda narco. 12 días después de las detenciones, el Juez Federal finalmente decidió imputar a las personas detenidas.

La investigación de esta causa dio inicio el 23 de octubre de 2020, ocasión en la cual un pescador alertó sobre una embarcación en el kilómetro 182 del río Uruguay, la cual estaba atracada sobre la costa de la isla Cambacua. Los prefectos se arrimaron a ese sitio y observaron mochilas cubiertas con una lona azul, sin lograr aprehender a persona alguna, pero luego se estableció quién habría sido el encargado de adquirir la embarcación “La Yapa” y considerándose que este habría sido él o uno de los autores del hecho.

La larga investigación llevó a detectar paulatinamente quienes estarían involucrados, desde la cabeza de la banda hasta los vendedores, incluyendo funcionarios policiales que son señalados como que fueron los encargados de facilitar los movimientos, vigilar y asesorar.

La banda, según consta en el expediente, estaría liderada por Hugo Nicolás Giarrizo, que fue procesado por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de organizador de un conjunto de personas destinada a la comercialización de estupefacientes, en orden al cual deberá responder en calidad de autor.

Por otra parte, el juez decretó el procesamiento de Federico Giarrizzo, Juan Manuel Malatesta, Alicia Adriana Quintero, María Rosa De Los Milagros Díaz, Ana Cavallari, Mirta Valenzuela y Javier Hernán Caparros, por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres más personas en calidad de miembros y/o intervinientes.

Además decretó el procesamiento de Luís Mariano Larrosa, Alcides Jesús Arce y Claudio Fabián González Luna, por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de perseguir delitos que por sus funciones les correspondían y comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres más personas en calidad de partícipes necesarios.

Respecto a Juan Domingo Pizzatti, que fue identificado como quien intentara llevar la droga al Uruguay ese 23 de octubre del 2020, consideró –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes en calidad de autor.