
La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
La Cámara de Casación Penal de Concordia revocó otorgarle prisión domiciliaria a Rivas, condenado por abuso y corrupción de menores y fue trasladado a la cárcel.
Judiciales11/02/2023La Cámara de Casación Penal de Concordia revocó la decisión del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Tobías Podestá, que subrogó a su colega Carlos Rossi, y ordenó que el abogado Gustavo Rivas, condenado por abuso y corrupción de menores y promoción a la prostitución, sea derivado a una unidad del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Más precisamente, a la Unidad Penal N° 9, donde deberá cumplir la pena a 23 años de cárcel. Este mismo viernes Rivas fue sacado de su vivienda particular por personal penitenciario y llevado a la cárcel.
El voto que fundamentó la decisión correspondió a la vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia María del Luján Giorgio, quien dijo que resulta «inviable la detención domiciliaria del septuagenario, respecto de quien propicio sea alojado inmediatamente en el Establecimiento Penitenciario de la localidad de Gualeguaychú, precisamente en la Unidad Penal N.º 9 ´La Granja´, a disposición del Juzgado de Ejecución de la Jurisdicción local correspondiente, organismo jurisdiccional que -en este como en todos los casos- habrá de arbitrar las condiciones posibles de seguridad, sanitarias, así como los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, atención médica, exámenes clínicos si correspondieren y la provisión de los fármacos que eventualmente fueren prescriptos».
El 22 de diciembre de 2022, el juez Podestá había resuelto enviar a Rivas con arresto domiciliario en su casa de calle Mitre N° 7, de Gualeguaychú, el mismo lugar donde fueron abusados los menores víctimas que sentaron a Rivas en el banquillo. Y le aplicó el dispositivo de tobillera electrónica. Al firmar el voto que revocó esa medida, la jueza Giorgio alertó: «Tampoco advierto que hubiesen sido escuchadas las víctimas cuya opinión, no obstante no revestir carácter de vinculante, es relevante para la elucidación del autor y ameritaban ser oídas, con la particularidad en la presente situación, de que los delitos acreditados se perpetraron justamente a partir de la grave vulneración a derechos de varios menores, hoy mayores de edad, con la significativa trascendencia de sus consideraciones al menos en aras de ser oídos».
«Entonces, la concesión de la modalidad domiciliaria en la ejecución de la pena es excepcional, no basta como único presupuesto la constatación de la edad cronológica del justiciable, las partes – eventualmente si hubiese consenso- o solamente el defensor, habrán de argumentar al menos con alcance persuasivo los perjuicios que
irrogarían al condenado, un tratamiento semejante a tratos crueles o degradantes, y el órgano jurisdiccional está facultado para decidir el acogimiento o su desestimación, en cualquiera de ambos casos, mediante resolución racionalmente fundada y de acuerdo a las constancias de la causa».
La posición de Giorgio fue avalado por los otros dos vocales de Casación, María Evangelina Bruzzo y Darío Gustavo Perroud. (Entre Ríos Ahora)
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Se trata de la fiscal interina, Josefina Beherán, aspirante a titularizar en Gualeguay. Se alegó la ausencia de acceso constitucional válido al cargo; su actuación deficiente y selectiva en causas de corrupción policial y narcotráfico; y la violación del principio de objetividad y legalidad en su ejercicio actual del cargo. Se indicó que archivó una causa por robos en la que luego se probó que los autores eran los policías encargados de investigarlos, algo que la fiscal no advirtió ni denunció.
No hay estabilización a los 12 metros, la realidad superó a los pronósticos y ahora se pronostica para mañana martes 1 de julio, la cota en el Puerto de Concordia a 12,40, mientras sube la cota de la represa a 35,50 para contener la masa hídrica que baja del norte.
La Selección Argentina de Talla Baja regresará a Concordia para su última etapa de preparación rumbo a la Copa América 2025, en Paraguay.
La agencia de Lotería de Calabacilla, zona ubicada entre Puerto Yeruá y el Peaje de la Ruta 14, en el Municipio de Estancia Grande, Departamento Concordia, vendió una de las boletas ganadoras del sorteo del Quini 6 de este domingo 29 de junio. El apostador o apostadora afortunado o afortunada ganó casi 800 millones de pesos.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Mientras el agua avanza con la fuerza implacable del río, lo único que retrocede es la presencia del Estado. Vecinos del barrio María Goretti, en Concordia, sobreviven en una situación límite: no solo tienen parte del barrio anegado por la creciente, sino que también fueron privados del suministro eléctrico por una medida preventiva dispuesta por la Cooperativa Eléctrica que, en lugar de ser acompañada por asistencia, los dejó completamente desamparados.