Por desmontes ilegales en Entre Ríos, se perdieron 4 mil hectáreas en un año y medio

Pensar en el sistema de montes o bosques nativos en Entre Ríos equivale a instalar un necesario debate sobre una problemática que se viene agravando: el avance de la deforestación de especies autóctonas, poniendo en serio riesgo el equilibrio de un ecosistema que brinda numerosos servicios ambientales.

Según el último ordenamiento territorial realizado por la Dirección de Recursos Naturales de la provincia –dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería– la superficie ocupada por montes nativos alcanza en la actualidad a 1.900.000 hectáreas. Si se tiene en cuenta que la superficie total del territorio es de aproximadamente 8.000.000 de hectáreas, la magnitud de esa cifra cobra una relevancia significativa.

Son varios los indicadores que demuestran los perjuicios que conllevan los desmontes ilegales, una práctica que persigue como objetivo un interés económico básicamente de sectores agropecuarios. Su desaparición genera daños irreparables, quedando el suelo a merced de adversidades climáticas y en buena medida trastocando el ciclo de lluvias.

Para saber el impacto que tiene la intervención del hombre en estos ecosistemas, diario Uno recurrió a la información relevada por Recursos Naturales a través de controles y fiscalización en el territorio. De acuerdo a las actuaciones administrativas que viene ejecutando la repartición desde hace un año y medio, en ese período se desmontaron en Entre Ríos alrededor de 4.000 hectáreas de bosque nativo.

El responsable del área, Mariano Farall, explicó que desde que asumió en 2020 la problemática de los desmontes ilegales ocupó una parte de importante en su agenda. Recursos Naturales tiene además bajo su órbita áreas esenciales como Pesca, Fauna, Suelo y Agua.

El funcionario comentó que una de las metas ha sido fortalecer las áreas de control y de fiscalización de los desmontes ilegales y que para ello sea posible son fundamentales los fondos nacionales previstos en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental a los Bosques Nativos Nº 26.331. En Entre Ríos se sancionó en 2014 y se reglamentó en 2015 la Ley 10.284 del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.

En cuanto a las zonas entrerrianas más afectadas por esta situación, Farall situó que los mayores cambios se registran en el sector denominado como El Espinal, ubicado en el centro–norte. Mientras que al momento de hacer mención de las especies más perjudicadas dijo que son el espinillo (árbol nativo de Entre Ríos), el ñandubay y el algarrobo negro.

Intervención del territorio

El funcionario planteó que la tasa de deforestación de los bosques nativos experimentó una tendencia decreciente a partir de 2010, por la implementación del marco normativo que prohíbe la tala de especies autóctonas. Pese a ello explicó que se trabaja para evitar el avance de un flagelo recurrente, incorporando personal especializado para fiscalización de los desmontes, sumando vehículos para el trabajo en el territorio y la posibilidad de contar con mayor equipamiento informático.

“En 2023 prevemos incorporar 5 contratos más para fortalecer estas tareas. También adquirimos un rodado todo terreno y pensamos adquirir otro rodado, todo esto con fortalecimiento de equipos informáticos, adquisición de GPS y cámaras fotográficas. Hemos dado capacitaciones a las fuerzas policiales, a la Policía tanto de Entre Ríos como al personal de la Brigada de Abigeato, quienes son nuestros auxiliares en la tarea de la denuncia y la identificación de los desmontes en las zonas rurales”, precisó el entrevistado.

Se trata de un circuito administrativo que se activa a partir de las denuncias anónimas (en su mayoría) que se reciben en la línea de Whatsapp 3436216345 de la Dirección ó en el correo electrónico [email protected], y en los teléfonos fijos (343) 4208876 / 4207870 / 4227398.

“Actualmente contamos con una cantidad importante de expedientes, fruto del trabajo de 1 año y medio: llevamos relevadas alrededor de 4.000 hectáreas infraccionadas. Hemos podido lograr ese cúmulo de procedimientos”, sostuvo Farall.

Luego detalló cómo se actúa cuando se detectan las infracciones a la normativa vigente. “Se labran actas de infracción por desmonte ilegal. Al entrar al circuito administrativo de la Provincia, lo primero que se corrobora es la propiedad del inmueble donde se cometió la infracción. Luego se realiza un cruce con datos de Catastro Rural de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); ello lleva su tiempo pero con esos datos sabemos fehacientemente quien es el dueño del campo, si bien a veces no se puede llegar fehacientemente al dueño”, señaló.

Luego acotó que “posteriormente se notifica al infractor vía carta documento y luego dos ingenieros agrónomos elaboran un dictamen técnico con análisis de imágenes satelitales, sumado a una ecuación paramétrica que se construyó en base a la categorización de los bosques nativos de la ley nacional y de la ley provincial para aplicar las sanciones pecuniarias que prevé la Ley. Pueden alcanzar el equivalente a una multa máxima de 500 salarios de peón rural: son sanciones que puedan alcanzar los 45 millones de pesos”.

También se especificó que puede haber sanciones complementarias, donde se ordena a los infractores planes de conservación obligatoria o la reforestación compensatoria.

La importancia de la línea de denuncias para la prevención

La línea telefónica para denunciar desmontes ilegales a través de WhatsApp acaba de cumplir un año. Cada semana se recibe un promedio de 4 denuncias, las cuales se van seleccionando por su importancia y validez.

“Recibimos todo tipo de denuncias, desde denuncias muy pequeñas (menores a las 10 hectáreas) que incluso pueden ser sancionadas con apercibimientos. Son superficies que luego van a ser utilizadas para una explotación minera. Se labra la infracción correspondiente por no pedir la autorización. Lo que sucede es el que el productor agropecuario cambia el uso del suelo, son campos a los cuales los estaban conservando con ganadería, bajo el monte, pero luego retiran una gran cantidad de monte de su campo y lo transforma en agricultura, a campos de cultivo. Ese tipo de infracciones también las atendemos”, consignó el funcionario.

Luego añadió que se está llevando adelante “un procedimiento exitoso por semana. Lo consideramos exitoso cuando llegamos a un acta de infracción, con todo el material probatorio, inspeccionamos el lugar que por lo general suelen ser predios o inmuebles rurales. Cuando no lo podemos hacer solos vamos acompañados por personal policial. Ahí munidos de cámaras, GPS, se sacan fotos, se labran las actas correspondientes. Luego ese acta entra al circuito administrativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería”.

“Hemos avanzado mucho en la gestión de trámites, las denuncias y las multas”, indicó.

Sobre el trabajo de prevención de la deforestación sostuvo: "Falta mucho por hacer en el sentido de no llegar tarde, de evitarlo”.