La violencia golpea Sinaloa tras arresto de hijo de El Chapo

Cuando encontró el primer automóvil cortándoles el paso no sabía todavía lo que estaba pasando pero al consultar las redes sociales descubrió que la ciudad estaba llena de bloqueos y los tiroteos se sucedían. Había sido tomada por el Cártel de Sinaloa, igual que hace tres años.

Pasarían horas antes de que el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, confirmara la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del conocido exjefe del cártel Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a quien las fuerzas armadas liberaron en octubre de 2019 en una humillante derrota después de que el cártel mostrara su poder sitiando Culiacán y tomando a militares de rehenes.

Pasó un día hasta que el mismo Sandoval ofreciera el viernes el primer balance de una jornada de terror: 29 muertos, 19 de ellos atacantes y 10 militares; otros 35 militares lesionados por arma de fuego y 21 detenidos. No habló de policías heridos pero el gobierno del estado había informado de al menos siete.

Según dijo, ningún "civil inocente" murió en un día de violencia, enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos que cercaron la capital mientras miles de personas se encerraban en sus casas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra los esfuerzos de sus predecesores de arrestar a los capos de la droga. Sin embargo, la exitosa captura de Guzmán López, buscado en Estados Unidos por narcotráfico, llegó en vísperas de la llegada del presidente Joe Biden a México.

López Obrador dijo que se actuó “de manera responsable” y que eso permitió que "las cosas no fueran más dramáticas”. Pero en el corto plazo, fue la sociedad civil quien sufrió las consecuencias.

En las redes sociales, la población publicó videos en los que se veían caravanas de hombres armados a bordo de camionetas y todoterrenos circulando por las avenidas. Al menos una incluía un camión abierto con un arma montada en la parte trasera, el mismo tipo de vehículo que causó caos y destrucción en los disturbios de 2019.

El general Sandoval dijo el viernes que tras la experiencia de hace más de tres años esta vez hubo mayor comunicación interinstitucional para prevenir contingencias y se pusieron en alerta fuerzas de reacción. La embestida del cártel fue brutal: fusiles Barret, ametralladoras calibre 50.

Se decidió entonces el apoyo de aeronaves, continuó Sandoval, se desplegaron 3.600 efectivos del ejército, la Guardia Nacional, las fuerzas especiales y los fusileros paracaidistas.

Todas las entradas a la ciudad quedaron bloqueadas por el cártel y en otras partes de Sinaloa se vivían situaciones similares.

“¡No salgas de casa! La seguridad de la ciudadanía de Culiacán es lo más importante”, clamaban las autoridades locales en sus redes oficiales sin dar más explicaciones.

Se suspendieron casi todas las actividades y muchos negocios privados no abrieron sus puertas. Quien pudo se quedó encerrado en su casa, explicó el sacerdote Esteban Robles, vocero de la Iglesia católica en Culiacán. El ambiente era “tenso, de incertidumbre”, explicó. "Muchas calles aún están bloqueadas por los autos que fueron quemados”, agregó.

Oscar Loza, un activista de derechos humanos de la ciudad, también habló de tensión con algunos saqueos en tiendas. En el sur de Culiacán, donde él vive, la gente reportó que convoyes de hombres armados se dirigían hacia una base militar, pero Loza indicó que las calles próximas a su casa estaban inquietantemente tranquilas. “No se escucha tráfico”, afirmó.

En su intento por llevar a su familia de regreso a la capital mexicana, Téllez sorteó varios vehículos abandonados que bloqueaban las carreteras hasta llegar al aeropuerto. Una vez allí los empleados de un restaurante los instaron a refugiarse en un baño. Unos hombres armados estaban llegando para impedir el traslado de Guzmán en avión.

De hecho, Sandoval dijo que dos aeronaves militares tuvieron que hacer aterrizajes de emergencia ante la presión del cártel.

Juan Carlos Ayala, un profesor de la Universidad de Sinaloa que reside en Culiacán y estudia la sociología del narcotráfico, explicó que Ovidio Guzmán era un objetivo obvio desde al menos 2019.

“A Ovidio se la tenían sentenciada. Además era ubicado como el mayor traficante de fentanilo y era el operador más visible de ‘Los Chapitos’", dijo mencionando el nombre de la facción del cártel que dirigía junto a sus hermanos, Iván Archivaldo y Alfredo.

Ayala sostuvo que entre la población "hay opiniones encontradas, pero creo que la mayoría está con ellos”, en referencia al cártel. Eso podría deberse al dinero que la organización delictiva aporta a la región pero también porque los residentes saben que las fuerzas federales acaban por irse pero el cártel no. Y pese a sus actividades criminales, muchos afirman que la hegemonía del grupo ha garantizado una relativa estabilidad en el estado.

Ovidio Guzmán fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos en 2018. Según ambos gobiernos, gestionaba junto a sus hermanos gran parte de los negocios criminales de su padre junto con el otro fundador del cártel hace décadas, Ismael “El Mayo” Zambada.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que el país recibió una solicitud para su detención con fines de extradición en septiembre de 2019 que ahora deberá ser actualizada y seguir su trámite porque Guzmán también tiene cargos en México.

“No hay fast-track, ahí te lo enviamos”, dijo el viernes el presidente López Obrador descartando una extradición expedita y marcando las distancias con situaciones del pasado. “Aquí hay un verdadero Estado de Derecho”, agregó.

Ismael Bojórquez, director del medio local Ríodoce, especializado en narcotráfico, señaló que la reacción violenta estaba relacionada con la postura menos agresiva del presidente hacia el crimen organizado.

"Ellos (los cárteles) han aprovechado estos cuatro años para organizarse, armarse, fortalecer sus estructuras, sus finanzas”, dijo. “Creo que ahora hay más armas que hace tres años. Los ejércitos del crimen organizado se han fortalecido todos, no sólo ‘Los Chapitos’, y este es el precio que la sociedad está pagando por esta estrategia del gobierno federal”.

En el aeropuerto Guzmán pudo ser finalmente trasladado a la Ciudad de México. El vuelo comercial en el que viajaba Téllez esperaba su turno para despegar cuando dos grandes aeronaves del ejército aterrizaron con soldados, igual que tres o cuatro helicópteros militares, mientras marines comenzaban a desplegarse por el perímetro de la pista.

Cuando el avión se dispuso por fin a acelerar, Téllez escuchó disparos a la distancia. En cuestión de 15 segundos, el ruido fue más intenso, más cercano y los pasajeros se arrojaron al piso, relató.

No supo que el aparato en el que estaba había sido alcanzado hasta que un miembro de la tripulación se lo comunicó. Nadie resultó herido, pero el avión tuvo que regresar a la terminal.

Samuel González, fundador de la fiscalía especial de México contra el crimen organizado en la década de 1990, dijo que la captura de Guzmán fue un “regalo” antes del viaje de Biden. El gobierno mexicano “está trabajando para tener una visita muy tranquila”, agregó.

Agregó que los disparos al avión comercial fueron “sin duda, un acto de terrorismo internacional" y sugirió que podrían derivar en conversaciones muy serias entre los dos gobiernos acerca de las implicaciones de estas acciones.

Téllez seguía en la terminar por la noche. El gobierno cerró el aeropuerto de la ciudad, así como los de Los Mochis y Mazatlán por motivos de seguridad.

Preguntado por si el intento de apresar a Guzmán compensaba otro día de tensión e incertidumbre en Culiacán, Téllez indicó que “si lo detuvieron, valió la pena".