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El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN han llegado a una serie de acuerdos humanitarios en la mesa de negociación en Caracas que ejecutarán en cuestión de semanas. Uno de ellos es el de conducir a los indios emberas desplazados por todo el país al Alto de Andágueda, su lugar de origen, según fuentes de la negociación. Los nativos tuvieron que huir de ese territorio por la violencia que comenzó en los años 70 y desde entonces es habitual verlos vagando por las calles de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.
El acuerdo está listo desde el primer día que se sentaron las partes por primera vez, el 4 de octubre. Solo falta llevarlo a cabo. Petro es el séptimo presidente que trata de convencer a los líderes guerrilleros que dejen las armas y hagan política. A diferencia de las FARC, que se convirtieron en un partido con aspiraciones presidenciales en 2016, el ELN pretende mantener su influencia en los territorios donde ahora mismo tiene base social. Su mirada no está puesta en las grandes ciudades. Su intención en la mesa de negociación es resolver algunos problemas históricos de los más desprotegidos del país.
Un grupo de mujeres indígenas emberá se reúnen para hablar en secreto, en un campamento ubicado en el Parque Nacional de Bogotá, Colombia. Abril 20 de 2022.
Sin duda, ahí se encuentran los emberas. Jairo Montañez, coordinador de las autoridades indígenas de una región, sostiene que les han hecho saber que eso podría ocurrir a partir del 20 de diciembre. “Estamos de acuerdo con los retornos, pero necesitamos garantías. Desconocemos las garantías reales que se les va a dar a los que regresen. Esa ha sido nuestra queja constante”, añade Montañez.
La tragedia de los emberas ha sido muy visible en Bogotá. Desplazados de todo el país se instalaron en uno de los parques más importantes de la ciudad para denunciar las amenazas y la violencia que sufren de parte de los grupos armados. Ahí estuvieron durante meses, en condiciones muy precarias. Un niño murió de frío. El Gobierno de ese momento, el de Iván Duque, firmó un acuerdo con ellos para garantizar unas condiciones seguras en el regreso a sus pueblos, algo que no llegó a concretarse del todo. Ahora, las autoridades quieren que ese regreso se convierta en una realidad.
A mediados de octubre, los emberas protestaron por las calles de Bogotá. La protesta acabó en graves disturbios. Las autoridades aseguran que algunos manifestantes comenzaron a agredir a funcionarios públicos con palos y piedras antes de aparecer la policía. Petro condenó la violencia, pero días después aseguró que lo importante era buscar una solución para una comunidad olvidada desde hace medio siglo.
La nueva directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, dijo hace dos semanas que su plan es acelerar el cumplimiento de las decenas de sentencias, tutelas y pronunciamientos de la Corte Constitucional e infinidad de órdenes judiciales que mandan al Estado a intervenir de fondo para resolver los problemas de estas comunidades emberas, según recoge el periódico El Espectador.
El asunto ha acabado en manos de los negociadores de Caracas. Para llegar a la paz con la guerrilla, que culminará con la entrega de armas de sus ejércitos, hay que transitar por acuerdos como este en el que se pretende mejorar de una forma radical la vida de unos indígenas desplazados y maltratados.
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