Editor
A continuación, el comunicado completo:
Penalistas entrerrianos unidos, vemos con enorme preocupación las injurias y calumnias vertidas en www.losandes.com.ar por la destituida Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche, actualmente inhabilitada para ejercer su cargo, contra el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
La Dra. Goyeneche fue destituida por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que la encontró responsable de serias causales de mal desempeño, entre ellas la de mentirle a la justicia.
A partir de ese momento la referida ex funcionaria judicial se dio a la tarea de descalificar la sentencia que la expulsó del Poder Judicial agraviando a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, a los que les adjudicó gratuitamente, haber amparado la impunidad. Más bien, sucedió todo lo contrario, del devenir del jury surgió elementos que permiten concluir que la que encubría supuesto actos de corrupción fue ella misma.
Con el sostén innegable y explícito de algún sector muy activo de la política provincial, cosechó apoyos de grupos políticos de ultraderecha que amenazaron a jueces y abogados en ejercicio de su profesión, exigiendo públicamente la restitución de Goyeneche a su cargo, lo que en particular generó repudios del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, así como la formación de una causa penal que actualmente se instruye.
Recorrió medios de comunicación, provinciales y nacionales, así como ámbitos académicos e institucionales declarándose víctima de una maniobra política tendiente a castigarla por su lucha contra la corrupción. Ello, como una forma repudiable de descalificar su destitución resuelta por un impecable tribunal constitucional –no judicial- integrado por jueces, legisladores y abogados, que después de sustanciar la causa por el procedimiento marcado por la ley, ordenó la separación de Goyeneche del cargo que ejercía.
Y ahora la ex Procuradora adjunta, probablemente en busca de alguna candidatura en las próximas elecciones de 2023, expectativa que en Tribunales se le adjudica en alta voz, agravia en forma desaforada a los miembros del Superior Tribunal de Entre Ríos que han demostrado ecuanimidad en el caso, más allá de la trayectoria honorable de todos sus miembros. Sin embargo, lo que no ha explicado la funcionaria judicial Cecilia Andrea Goyeneche, regular y legalmente separada de su cargo es ¿Por qué calló primero y mintió después en el marco del ejercicio de su rol?
Como partes indispensables de la administración de justicia entrerriana los abogados comprometidos férreamente con el funcionamiento pleno y cabal de la Constitución bregamos por un absoluto respeto a las instituciones y, en este contexto, más allá de nuestros roles, no consentimos que una contienda jurídica se lleve a cabo menoscabando y agraviando a todas aquellas personas que pretenden salvaguardar el inclaudicable respeto por la ley y las garantías constitucionales.
Toda discusión jurídica debe sujetarse a los valores y procedimientos que describen claramente nuestra ley y jurisprudencia.
Y precisamente, cuando se trata de una funcionaria judicial, es de quien más se espera que respete la institucionalidad, aun cuando ello fuere contrario a sus pretensiones personales.
En la provincia de Entre Ríos el Superior Tribunal no trabaja para generar impunidad sino, por la primacía de la ley y su correcta aplicación (sostén del estado de derecho), hecho en sí, que repele a todas las maniobras tendientes a desnaturalizarla.
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