Cristina Kirchner no tiene dudas: la agrupación Revolución Federal estuvo detrás del intento de asesinato que llevaron adelante en su contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quien participó en una de las marchas contra el Gobierno en la Casa Rosada dos semanas antes del atentado. También se inclinó por pensar que esa agrupación financió el ataque y apuntó a la firma ligada a la familia del ex ministro macrista Luis Caputo. Así lo dijo ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que la aceptó como querellante en esta investigación con esos argumentos. Ayer jueves, el magistrado ordenó el arresto de cuatro de los integrantes de ese grupo y allanó distintas empresas, entre ellas, la sede de Caputo Hermanos.
“No es posible descartar aún que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato en mi contra y es mi derecho conocer todo lo atinente a esa posibilidad y aportar los elementos que considere necesarios para explorarla”, aseguró la presentación que, en nombre propio, hizo la vicepresidenta el lunes pasado. “El carácter amenazante de las manifestaciones de los miembros de Revolución Federal es evidente”, sentenció.
En ese escrito, la querella de CFK fue repasando las distintas expresiones en redes sociales de la agrupación y también las consignas que llevaban a sus manifestaciones públicas que incluyeron movilizaciones a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos o el Obelisco.
Pero Cristina Kirchner aseguró que “es probable que los fines de Revolución Federal fueran mucho más graves” que la intención de que ella no se presentara a la próximas elecciones, “y se trate de una agrupación destinada a cometer delitos, de diversas gravedades: amenazas, instigaciones a cometer delitos, incitaciones a la violencia e incluso, claro está, asesinatos”. De ser así, dijo, “estamos en presencia de una asociación ilícita” de la que ella, dijo, fue víctima.
“Es altamente probable que estas dos personas procesadas por atentar en mi contra formaran parte o tuviesen vínculos directos con Revolución Federal. Como vimos, no solo participaron en marchas de la organización, sino que ésta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte”, dijo la ex presidenta.
Y agregó: “Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de asesinato en mi contra. Aún cuando la Cámara del fuero decidió que, por el momento, los expedientes tramiten por separado, es tanto mi interés como mi derecho ser parte de estas actuaciones para que se explore todo lo que sea necesario esa posibilidad, que se suma a los evidentes delitos que cometía Revolución Federal y también me tenían como víctima”.
La vicepresidenta sostuvo además: “Es también alarmante la probable financiación de este grupo violento, que quería acabar con mi vida, por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte”.
Fue entonces cuando mencionó que “desde hace varias semanas se sabía que Jonathan Morel había recibido 1.700.000 pesos de Caputo Hermanos, una firma vinculada con Luis Caputo, ex ministro del gobierno de Mauricio Macri”. “Esa situación era ya más que sospechosa, pero ahora ha surgido que la suma alcanzaría los 7.000.000 de pesos”, advirtió.
“No hace falta ser un avezado detective para ver que hay algo extraño en que personas que, según sus dichos, aprendieron carpintería por YouTube, reciban una suma millonaria contratados por una de las principales constructoras y desarrolladoras del país, para hacer muebles para un proyecto en la provincia de Neuquén, desde su supuesto emprendimiento en Boulogne, provincia de Buenos Aires”, completó.
Los legisladores justicialistas emitieron un comunicado expresando su apoyo al paro nacional y lo calificaron como “un llamado contundente para exigir un cambio de rumbo”.
El senador del Departamento Uruguay del Frente Más para Entre Ríos, Martín Héctor Oliva, consideró que las amenazas atribuidas al presidente de fundir a las provincias que no acompañen la ley Ómnibus, son “inaceptables” y constituyen una “extorsión” de “gravedad institucional”.
La detención del presunto asesino del playero de Rosario, que tiene 15 años, aceleró una iniciativa que el Gobierno tenía en análisis. El ministro de Justicia confirmó que trabaja en una nueva Ley de Minoridad que llevará a Diputados en breve.
“No sabemos siquiera con claridad cuáles son los recursos que pierde Entre Ríos por la quita de fondos que realiza el gobierno de Milei, y menos aún vemos a un gobierno provincial en actitud de reconocer ese problema”, dice un documento de los bloques legislativos. Aseguran que en campaña no dijo las cosas que se escucharon este jueves.
Dos ejemplares de caballos deambulaban por la vía pública, poniendo en riesgo su integridad física como así también la de terceros.
En tanto el Ejecutivo no solucione los inconvenientes con los trabajadores municipales, los contribuyentes tendrán problemas para abonar sus tasas por la reducción en los horarios de atención, lo que afecta directamente a la recaudación de impuestos.
Desde varios sectores de la comunidad local hubo quejas sobre una presunta no recolección de los residuos secos, pero desde la subsecretaría de Ambiente brindaron explicaciones e hicieron énfasis sobre la importancia de sacar los residuos en el horario indicado.
Aunque trascendió que 'no hubo portazo', el común denominador de todas las renuncias (7) recae en duros cuestionamientos a la gestión.
Tras pasar la noche en la Alcaidía el reconocido abogado concordiense Fernando Rouger quedó este mediodía en libertad por decisión del juez de Garantías, aunque sigue imputado por el fiscal Giambatista por el supuesto delito de amenazas en contexto de violencia de género y tenencia de armas de guerra.
