En la noche de este jueves, una serie de llamadas telefónicas desde diferentes ciudades del país alertaron por amenazas de bomba en la Casa Rosada. También hubo amenazas en el edificio Libertador, del Ministerio de Defensa, minutos antes de que Alberto Fernández se dirigiera allí para una aparición oficial.
Las llamadas fueron casi simultáneas al 911 a partir de diversos puntos de la Argentina. La Brigada de Explosivos de la Policía Federal actuó en el lugar y, por el operativo de seguridad, se cerró la Plaza de Mayo. También estuvo afectado personal de Bomberos, con uso de perros y scanners.
A las 21.15, poco más de una hora más tarde, las investigaciones dieron resultado negativo y la situación quedó controlada.
A las 19.50, en tanto, un llamado alertó por la posible existencia de una bomba en el segundo piso del edificio Libertador, en Azopardo 250. Personal de Explosivos trabaja en el lugar.
En ese edificio Fernández participó de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Tal como estaba previsto, ingresó acompañado por el ministro Jorge Taiana a las 20.30 y brindó un discurso que se extendió más de 15 minutos, en el que prometió a los jefes militares que habrá en un reordenamiento salarial para todas las FF.AA. el año próximo. Luego se sentó a su mesa para participar de la comida.
La Casa Rosada ya había recibido una amenaza de bomba el 30 de diciembre de 2021. En las últimas horas del año, un hombre se comunicó al 911 de la Policía de la Ciudad y advirtió que colocaría un artefacto explosivo en Casa de Gobierno, donde en ese momento se encontraba el Presidente.
La llamada llegó a la mañana desde Olavarría, en el centro del Provincia de Buenos Aires.
Al igual que este jueves, en aquel momento se activaron los protocolos de seguridad. Sin embargo, en esa oportunidad actuó Casa Militar. Como el recorrido dio negativo y la amenaza era por una futura colocación de explosivos, no hubo evacuados.
“Decir que estos despidos responden a una simple decisión administrativa y que no se renuevan contratos por ser temporarios es de un cinismo y una perversión indudables”, manifestó la legisladora nacional perteneciente al Bloque de Unión por la Patria.
Un comunicado de fuerte tono crítico fue remitido a la redacción de EL SOL-Tele5 por el PJ de Concordia, el que se reproduce en forma textual, abajo.
Desde el Consejo Departamental del Partido Justicialista repudiaron la cesantía de un centenar de trabajadores a los que no se les renovaron los contratos temporales que tenían con el Gobierno provincial. Calificó la medida como un acto de "crueldad mileísta" y acusó al gobernador de utilizar argumentos falaces de eficiencia para encubrir una persecución laboral y disciplinar a los trabajadores estatales.
El Consejo Departamental Justicialista de San José de Feliciano elevó una nota a las autoridades partidarias de la provincia solicitando que se evalúe la expulsión de la senadora provincial Gladys Domínguez por actuar como "engranaje del ajuste” del gobernador Frigerio y estafar la confianza de los votantes. La acusan de nepotismo, persecución a militantes y de votar sistemáticamente en contra de los intereses de los trabajadores y la salud pública.
La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi por un dolor abdominal que, tras los estudios correspondientes, derivó en un diagnóstico de "apendicitis con peritonitis localizada". Permanece internada mientras se monitorea su evolución.
La discusión del Presupuesto 2026 en Diputados y el debate sobre Reforma Laboral en el Senado parecían una victoria segura. Sin embargo, se convirtieron en una derrota plagada de errores y con un costo altísimo para el oficialismo, que incluso se enemistó con muchos de sus aliados.
La Sala II de la Cámara de Casación de Entre Ríos, integrada por las Dras. María Evangelina BRUZZO y María del Luján GIORGIO y el Dr. Darío Gustavo PERROUD, resolvió atenuar de manera sustancial las condenas al exjefe policial Guillermo Ocampo y al empresario distribuidor de Manaos, Claudio Barrios, que en primera instancia habían sido hallados culpables por 10 hechos y por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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