Se trata de una causa por exacciones ilegales (coimas) contra el agente de Tránsito de la Municipalidad de Concordia Sergio Alberto Medina.
Judiciales07/09/2022
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Según informaron fuentes vinculadas a la causa a un cronista de diario EL SOL, el día 1 de septiembre a las 16:30 horas comenzó en los Tribunales de Concordia el juicio contra el agente de Tránsito Sergio Alberto Medina.
El imputado se trata de un inspector de Tránsito al cual se le inició una causa por exacciones ilegales, lo que comúnmente se denomina coima, es decir, pedido de dinero o soborno, para no realizar una multa.
Respecto al caso, en la causa se detalla que en el año 2020 un vecino de nuestra ciudad iba transitando con su vehículo y al llegar a las intersecciones de avenida San Lorenzo y San Luis, un móvil de Tránsito, en el que se trasladaban dos agentes, detuvo su marcha. Una de las personas del móvil de Tránsito descendió del vehículo y se dirigió al conductor del móvil en infracción para indicarle que había cruzado el semáforo en rojo.
Dicho inspector le informó al conductor que la multa correspondiente para la infracción recién cometida era de $10 mil pesos. Por lo que primeramente le pidió $500 y luego $400. Con lo cual, mediante el pago solicitado, el funcionario no realizaría el acta de infracción correspondiente, cuyo monto era considerablemente mayor a lo que, de manera ilegal, solicitaba el funcionario al ciudadano, esperando que este aceptara.
Al advertir semejante situación, la víctima de la coima filmó al inspector y cuando este se dio cuenta de que estaba siendo filmado y, además siendo advertido por el conductor que estaba siendo filmado, este procedió a realizar el acta de la infracción correspondiente.
De todas maneras, a pesar de lo tensa de la situación, y con un manifiesto enojo, el ciudadano siguió al agente documentando todo, quedando grabado el momento en el que el inspector de Tránsito le pidió dinero al ciudadano a cambio de no realizar la multa correspondiente, detallaron las fuentes.
El juicio, que comenzó la semana pasada, culminó en la mañana de este martes 6 de septiembre donde la Fiscalía pidió tres años de prisión condicional e inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público, además del cumplimiento de una serie de reglas de conducta, aseveraron las fuentes a este medio. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 14 de septiembre.
En el juicio intervino la Dra. Silvina Gallo como jueza, que, asimismo, es quien dictará la sentencia. Desde el Ministerio Publico Fiscal intervinieron la fiscal Dra. María José Fonseca y el fiscal Dr. Mario Guerrero.
El artículo por el cual Medina fue imputado es el 266 del Código Penal, el cual establece: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
La familia llamó desesperada a la Policía, que rápidamente lo trasladó hasta el Hospital San Roque. Sin embargo, no pudieron reanimarlo.
La víctima contó que le llegaron mensajes pidiéndole la firma del 08. El ladrón admitió que la cambió por una camioneta. Prefirió no decir quiénes eran los integrantes de la comunidad gitana.
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