Perú: Castillo cambia alto mando policial tras allanamiento al Palacio de Gobierno

Internacionales 28/08/2022 Por Editor
El mandatario también exigió que se sancione al coronel Harvey Colchado, encargado de dirigir el operativo que tenía como fin detener a la cuñada del presidente peruano.
Perú
Pedro Castillo junto a Yenifer Paredes.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, cambió este sábado (27.08.2022) al alto mando de la Policía Nacional, después de exigir que se sancione al coronel Harvey Colchado por haber dirigido el allanamiento del Palacio de Gobierno para detener a su cuñada Yenifer Paredes por el presunto delito de organización criminal.

A través de una resolución suprema, publicada en el diario oficial El Peruano, el jefe de Estado designó al teniente general Raúl Alfaro Alvarado como comandante general de la Policía Nacional, en reemplazo del general Luis Vera Llera, nombrado en ese cargo hace tres meses.

La norma precisó que Alfaro, quien se desempeñaba como Inspector General, es designado por Castillo "entre los tres oficiales generales de armas de la Policía Nacional de Perú en situación de actividad, en el grado de teniente general, en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales". Otra resolución dio por concluida la designación de Vera, a pesar de que estos cambios en la institución suelen producirse a fin de año, al igual que en las fuerzas armadas.

El jefe de Estado también nombró a un nuevo Inspector General de la Policía, a quien su abogado había pedido el jueves que inicie un proceso sancionador contra el coronel Colchado, jefe de equipo especial de la Policía de apoyo a la Fiscalía de la Nación para los casos de corrupción en los círculos de poder.

La cuñada de Castillo se entregó a la Justicia un día después del allanamiento en el Palacio y permanece detenida hasta que un juez decida si continúa en prisión preventiva por 36 meses, mientras es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros. 

Según la tesis de la Fiscalía, Paredes forma parte de una estructura enquistada en el Ejecutivo, con la supuesta anuencia del mandatario, para adjudicar las obras de infraestructura a determinadas empresas a cambio de dinero.

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