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Tras la victoria que obtuvo Gustavo Petro en las urnas, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció en horas de la mañana de este 20 de junio, mediante un comunicado de prensa, en el que señaló su voluntad política de sostener un diálogo para lograr un acuerdo de paz con el nuevo gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto
“El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017″, señaló.
El grupo armado, que mantuvo diálogos hasta el 2019 con el Gobierno nacional, agregó que es importante que el nuevo gabinete se enfoque en “un plan de reforma agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al proceso de paz” para que “Colombia logre un Gobierno respaldado por el movimiento popular”.
“Si el presidente elegido se posesiona el 7 de agosto para hacer los cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política (…) habrá cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021″, se lee en la misiva dirigida a la opinión pública. Según añadieron en el documento los voceros de ese grupo armado al margen de la ley, se necesita un plan de reforma agraria, es decir, “un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al proceso de paz, Colombia tendrá un Gobierno respaldado por el movimiento popular”.
Se destaca en el comunicado que urge llegar a un consenso respecto a un modelo de transición energética, lo que permitiría disminuir el cambio climático y prevenir, argumentaron, “los daños que causarán el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y garantizar que la nación no pierda la soberanía energética”. El ELN manifestó que es importante establecer un modelo económico que no se centre en la extracción de minerales, según ellos, “es una tarea inaplazable para la sociedad colombiana y el medioambiente”.
Destacó, además, que son dos las causas que impiden que se supere un conflicto armado. La primera, aseguran, tiene que ver con la ‘Doctrina de Seguridad Nacional’, aquella que define a los opositores como un enemigo interno y que prioriza el uso de la fuerza; y la segunda, la del ‘añejo régimen clientelar violento’, que, señalan, hoy ha mutado en un “sistema corrupto y mafioso”.
Aquella guerrilla advirtió que si Gustavo Petro y Francia Márquez incumplen lo prometido y llegan a hacer ‘más de lo mismo’ durante su mandato, conseguirán que los ciudadanos se manifiesten fuertemente, incluso de una manera más poderosa de la que lo hicieron en las protestas del 2019 y el 2021.
“La globalización neoliberal recrudecida los últimos 30 años y sus Tratados de Libre Comercio (TLC) favorecen las importaciones en desmedro de la producción nacional, causando una explosión del rebusque o empleo informal, junto a altísimas tasas de desempleo, epidemia de desigualdad que azota hasta las capas medias; al tiempo que la mitad de la riqueza producida debe entregarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la gigantesca Deuda Externa contraída por la élite gobernante, al ser esclavo de usureros el país no puede cubrir su Deuda Social, sin poder hacer la debida inversión en salud y educación, deteriorando cada vez más su cobertura y calidad”, explicaron.
En el documento resaltaron que es la exclusión de las clases dominantes hacia los pueblos étnicos y las comunidades populares rurales y urbanas lo que detona que se adelanten protestas sociales. Las manifestaciones, dicen, son victimizadas “para justificar el trato de guerra que el régimen le da”. Para ellos, los movimientos alternativos o aquellos que luchan por hacer política de manera diferente son criminalizados desde el “clientelismo, los monopolios mediáticos y la violencia de las mafias”.
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