El Oficial Ayudante de la Policía de Entre Ríos, Juan Federico Yfran, fue echado de la fuerza de seguridad tras ser condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia. La medida fue oficializada mediante un decreto del gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, la jefa política de la policía provincial.

Yfran fue hallado, autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. Yfran y otro policía llamado Héctor López fueron descubiertos detrás del armado de una causa en 2017 contra un joven concordiense, al que le achacaron el robo de un celular que nunca había existido y que se demostró había sido una puesta en escena de los uniformados para apresar al muchacho.

El damnificado por la maniobra policial fue Alexis Emanuel Paiz, alias "Bote", de 24 años en aquel entonces, quien tenía sobre sus espaldas numerosas denuncias por ilícitos cometidos en la capital del citrus.

Los policías lo acusaron de haberse robado un teléfono, para lo cual contaron con la ayuda de una mujer que hizo las veces de la presunta víctima de la sustracción, pero que después se arrepintió y confesó a la Justicia que había denunciado en alianza con Yfran y López.

La investigación fiscal demostró que el celular supuestamente robado tenía llamadas al teléfono del policía López horas antes del delito inventado. Además, se comprobó que los uniformados habían elaborado actas falsas, con firmas truchas de testigos que nunca presenciaron el procedimiento contra el joven acusado. Cuando fueron llamados por la Justicia, los "testigos" negaron haber firmado las actas.

La baja de Yfran fue resuelta por disposición del Ministerio de Gobierno del 12 de julio de 2021, pero fue oficializada en el Boletín Oficial del 7 de junio.

La sentencia del tribunal de Concordia, en tanto, tiene fecha el 13 de septiembre de 2019 y quedó firme. Así se activó la previsión de la ley del Reglamento de la Policía de Entre Ríos, que prevé taxativamente que el personal policial gozará de estabilidad en el empleo y solo podrá ser privado del mismo en el caso de “sentencia judicial firme, con pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de sus funciones policiales”.