La suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, pidió ser absuelta en el proceso de jury por presunto mal desempeño y calificó a la acusación formulada por el fiscal ad hoc Gastón Justet de estar «plagada de falsedades».
Judiciales07/05/2022
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El acusador le endilgó este viernes haber incurrido en mal desempeño durante la investigación de la causa Contratos truchos de la Legislatura, que investigó un desfalco millonario a las arcas de la Legislatura entre 2008 y 2018. Concretamente, le reprochó no haberse excusado por «haber tenido un vínculo comercial o de comunidad de intereses con uno de los imputados», el contador Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría.
Sobre el final de su discurso -que fue alegato y declaración defensiva a la vez en el proceso-, Goyeneche señaló al Jurado de Enjuiciamiento que el 4 de abril informó al relator especial sobre la independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, las razones del jury en su contra y el contexto en el que se dio: cuando investigaba una de las causas de corrupción más importante de la provincia. También lo puso al corriente del desplazamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador, designando un fiscal ad hoc -Gastón Justet- y que no se hizo lugar a recusaciones a miembros del Jurado, entre ellos a los vocales Daniel Omar Carubia, Gisela Schumacher y Juan Ramón Smaldone, entre otras cosas.
La recusación sobre este último fue formulada este viernes, a raíz de que se pidió la elevación a juicio de su hijo, Guillermo Smaldone, en una causa de dádivas en la que también está acusado el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Cardona Herreros. Para el exministro de Trabajo y extitular interino del Tribunal de Cuentas piden 5 años de cárcel.
Goyeneche le indicó al Tribunal que el 27 de abril el relator especial de la ONU le solicitó al gobierno argentino que en 60 días eleve un detallado informe sobre el proceso contra ella y también que informe de qué modo se garantiza la independencia de jueces y la investigación de casos de corrupción.
«El relator de la ONU preguntó ¿Sírvase explicar las medidas tomadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en la provincia y el seguimiento de los principios de independencia de la judicatura? Con toda vergüenza vamos a tener que dejar esta respuesta en blanco. Requerimos la absolución», cerró Goyeneche al leer el escrito enviado por el relator de la ONU.
Su discurso concluyó con un cerrado aplauso de los fiscales que la respaldan. A su término, la titular del Jurado, Verónica Mulone, afirmó que dicho pedido de la ONU aún no fue comunicado por Nación y dispuso que el Tribunal pase a deliberar.
Al igual que al inicio del jury, los abogados de Goyeneche, Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita, pidieron la nulidad del proceso, que incluye la acusación final y la composición del Jurado, entre otros puntos que hacen al derecho de defensa y debido proceso. Dejaron expresada la reserva de llevar sus agravios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fiscal sin idoneidad y la causa Contratos
Los alegatos de clausura tanto de la defensa como del fiscal ad hoc fueron limitados por el Jurado a una hora cada uno. Tras la exposición del acusador Gastón Justet y los defensores Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita, Goyeneche dijo sus palabras finales en las que cuestionó al fiscal ad hoc y a la integración del Jurado. Además, recalcó que no tenía una relación comercial con el imputado de la causa Contratos, el contador Pedro Opromolla. Y que éste sólo tenía una amistad con su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi.
«No logré entender el alegato -continuó- . No tuvo un hilo y fue incomprensible la definición de los hechos. Por eso lo recusamos, porque no tenía las condiciones para ser fiscal y no era idóneo. Lo hacíamos porque es una garantía para el justiciable. Y el justiciable soy yo». Asimismo, dijo que el fiscal ad hoc no pudo explicar cuándo debía excusarse.
«Dijo que yo no había sido objetiva en el trámite de la causa y la demostración era que no me excusé. Lo primero que puedo sostener es que es una absoluta falacia. Luego dijo que no comprendía cuál era mi interés para seguir en la causa. Entonces entiendo que lo que dice es que ‘no es objetiva por algo que no comprendo’. Efectivamente, no lo comprende», añadió.
Enseguida, explicó que la causa Contratos inició el 20 de septiembre de 2018 y que fue contundente toda la prueba encontrada en la casa del matrimonio Hugo Mena y Flavia Beckman que demostró «el desparpajo del expolio a la Legislatura».
Comentó además que el expediente tiene a otros 29 imputados, y que partió desde «Mena, pasando por el estudio contable y llegando a los directores del Servicio Administrativo Contable del Senado y Diputados, llegando a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada».
«Lo investigamos nosotros y no fue casualidad de que llegáramos nosotros a Pedro Opromolla. Llegamos a él porque lo investigamos, no porque algún ciudadano interesado en la corrupción haya aportado algo», expresó.
Entonces, resaltó que «es indignante y fuera de lugar que sugieran un favorecimiento a una persona que pusimos nosotros en la causa».
Y explicó cómo se llegó a Opromolla y al estudio Integral Asesoría, pieza clave en la trama de los contratos truchos de la Legislatura: «Cuando llegamos al estudio todavía no sabíamos si había dolo. No sabíamos si sabían que a las personas a las que le pagaban el monotributo eran empleados de la Legislatura. Los contratos estaban en la casa de unas personas en barrio Santa Lucía. No sabíamos si los contadores sólo hacían su trabajo. Después de eso empezamos a recibir los informes de los teléfonos y computadoras secuestrados en los nueve allanamientos. Ahí descubrimos que tenían dolo. Ahí encontramos cosas que nos sorprendían. Nuestro olfato era que probablemente lo conocieran y por eso decidí que no quería seguir teniendo ese vínculo con Oporomolla, la adhesión al fideicomiso en el monoambiente. Por eso decido desprenderme porque no quería tener ese vínculo, que no tenía directo con él, pero no quería que persista».
Por otra parte, la fiscal acusada resaltó que Opromolla era amigo de su marido, y que ello no era causal para excusarse. «Decidí hacer lo que tenía que hacer: llevar adelante mi función», aseveró.
En otro momento, calificó de machista la acusación: «Parte de la idea de que Goyeneche tiene un deber de sumisión con su esposo y no puede investigar a afectos de él». Y refirió que esta idea detrás de la imputación es «del Antiguo Testamento» y «es parte de la vergüenza de todo esto».
En esa línea, resaltó que la idea subyacente es que «no puedo acusar a nadie que trabaje con mi marido». Y preguntó: «¿Se le ha atribuido a un juez varón la idea de las amigas de su esposa?».
Más adelante, subrayó que en el jury se probó la «inexistencia de cualquier ocultamiento» y mencionó que los fideicomisos estaban declarados y que el departamento de calle La Paz, meollo del conflicto, se lo regaló a su sobrina en un acto legítimo.
También se mostró sorprendida porque el fiscal ad hoc mantuvo la acusación respecto al supuesto maltrato al testigo Mario Deiloff, de la causa Contratos. «Nos dejó pasmados que en el video de la declaración no hubiera maltrato. Eso lo vieron todos. Fue un testigo archimentiroso», sostuvo.
Ahora, el Jurado pasó a deliberar. El dictamen, por la absolución o remoción, se conocerá a fines de mayo. El Jurado está integrado por los vocales del STJ, Juan Ramón Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Schumacher; los representantes del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro y Verónica Mulone; y los legisladores Gustavo Zavallo y Armando Gay.
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