Juez de Paraná frenó la designación de representantes ante el Consejo de la Magistratura

El juez federal de Paraná Daniel Alonso prohibió al Congreso enviar a sus representantes para que integren el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar a una medida cautelar interina que solicitó el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, de Entre Ríos, quien argumentó que se pretende aplicar una ley ya derogada.

La medida judicial provoca un conflicto con la Corte Suprema de Justicia que ya ordenó integrar el Consejo con su formación original de 20 miembros, incluidos los dos legisladores que el juez federal entrerriano prohíbe ahora incorporar. Además, la Corte se prepara para asumir el lunes la presidencia del Consejo contra la resistencia del Gobierno.

“Existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la protección inmediata del derecho invocado, decreto una medida interina [...] ordenando a la Excma. Cámara de Senadores de la Nación y a la Excma Cámara de Diputados de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto y, en su consecuencia, esta magistratura se encuentre en condiciones de evaluar en forma definitiva los recaudos específicos de toda cautelar””, escribió el juez Alonso.

La decisión judicial mereció el rechazo del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri que señaló: “El kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15 de abril no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”.

El juez decidió antes de resolver la medida cautelar que primero debe escuchar a la Cámara de Diputados y a la Senadores, a las que les pidió un informe. Para ello les envió oficios a Cristina Kirchner y a Sergio Massa para que en cinco días hábiles, “incluida la ampliación en razón de la distancia”, les informen sobre el “interés púbico comprometido” y su opinión sobre si corresponde no dictar la cautelar.

Dijo Alonso que está acreditada la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora “al no proteger el derecho reclamado respecto de la aplicación de una ley ya derogada”, como lo es la norma que establece en 20 miembros la integración del Consejo y a la que la Corte le dio nueva vida.

Agregó que la medida no provoca daño y “no impide el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.