El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos emitió un comunicado tras la condena a 8 años de prisión efectiva por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, en el que pidió "evitar cualquier camino que conduzca a judicializar la política y los actos de un gobierno electo por el voto popular".

En el texto, el PJ subrayó que "el principio de inocencia de las personas no se rompe hasta que un proceso judicial no concluya en un fallo firme" y en este sentido, señaló que "aún restan distintas instancias" judiciales.

EL COMUNICADO COMPLETO

Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista creemos necesario recordar que el principio de inocencia de las personas no se rompe hasta que un proceso judicial no concluya en un fallo firme. En la causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y allegados, aún restan distintas instancias consagradas en nuestra legislación como derechos garantidos, hasta poder arribar a una conclusión.

Desde nuestra fuerza siempre fuimos y seremos respetuosos del principio republicano de división de poderes, y en particular de los fallos del Poder Judicial. No obstante, para salvaguardar el equilibrio de nuestro sistema democrático consideramos imprescindible evitar cualquier camino que conduzca a judicializar la política y los actos de un gobierno electo por el voto popular, independientemente de cual sea el partido gobernante.

Además, vemos oportuno que los funcionarios y funcionarias de todos los poderes se atengan a respetar estos mismos principios, y eviten expresiones que tiendan a condicionar y/o intentar dirigir el accionar en algunas de las otras esferas del Estado, máxime cuando estas fueron elegidas por la voluntad del pueblo.

La Reforma Constitucional del año 2008, que fue fruto del consenso político de las fuerzas mayoritarias de Entre Ríos, otorgó rango constitucional a los organismos de contralor que también tienen que ser respetados.

Por último, sostenemos firmemente que la aspiración a representar al pueblo es un derecho del que goza toda la ciudadanía. Todos los poderes del Estado están llamados a preservarla a fin de dar lugar a la libre participación. Para ello es prioritario distinguir los juicios políticos-electorales de aquellos que puedan ser reprochables jurídicamente, a fin de no limitar el ejercicio democrático de los entrerrianos y de las entrerrianas.