El ex gobernador, su ex ministro de Comunicación y el cuñado de Urribarri recibieron penas de prisión efectiva. Hay otros seis condenados en el proceso por delitos contra la administración pública y cinco absoluciones.
Judiciales07/04/2022
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El Tribunal de Juicios y Apelaciones condenó a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de corrupción cometidos a Sergio Urribarri.
Por otra parte, el ex ministro Pedro Báez fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión.
Asimismo, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Tanto Báez como Aguilera también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
En tanto, el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, fue absuelto de la causa que se le imputaba.
Así lo decidió por unanimidad el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, que este jueves leyó el adelanto de veredicto.
El llamado “Megajuicio” por delitos contra la administración pública, comenzó a fines de septiembre de 2021, se extendió por medio centenar de audiencias en los Tribunales de la capital entrerriana y vio pasar por su estrado a casi 150 testigos.
El exgobernador Sergio Urribarri acudió con una impugnación extraordinaria para lograr llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y así revertir el fallo de la Cámara de Casación Penal, que revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó su detención y alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
La causa inició tras allanamientos concretados en el mes de agosto, donde se constató que la pareja ahora condenada venía dosis de drogas a consumidores en presencia de menores de edad.
El tribunal de juicios y apelaciones hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del ex ministro Pedro Báez, condenado por delitos de corrupción.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data, por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.
El acusado es un hombre de 44 años, oriundo de Lanús, que se dedica al rubor de la geriatría. Se le imputó que durante siete meses –entre agosto de 2015 y febrero de 2016- defraudó al Estado Nacional en 179.933 pesos, puesto que se sostuvo que como apoderado de un geriátrico de Concordia “habría presentado y cobrado en las facturas al INSSJ PAMI, prestaciones no brindadas a personas ya fallecidas al momento de la fecha de realización de los supuestos servicios”.
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