En mayo, trascendió que una menor de edad había denunciado a un instructor de tenis de 27 años que trabajaba en el Club Social y Deportivo Federación y había sido acusado de haber abusado, durante un torneo, de una niña que tomaba clases.
Judiciales23/06/2021
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Según el testimonio de la chica, el abuso se habría cometido en Concordia a principios de año, cuando el sospechado llevó a la ciudad delegación de chicos federaenses para que participara de un encuentro de tenis y los alojó en su departamento.
El caso salió a la luz luego que la propia menor contara el suceso a una médica de Federación, la que decidió notificar primero a la familia y luego presentarse en la Justicia para formalizar una denuncia. A partir de allí, desde el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Josefina Penon tomó medidas para la elaboración de pruebas que permitieran esclarecer el hecho.
Hubo una audiencia de cámara Gesell para escuchar el testimonio de la niña y una constatación posterior del lugar en el que presuntamente habría sucedido lo narrado, donde elaboraron un croquis y se tomaron fotografías.
Ahora la fiscal solicitó la imputación del acusado –identificado como Juan Martín Vera– y le tomó declaración, en una audiencia en la que el instructor de tenis estuvo acompañado por su abogado defensor, Dr. Oscar Bacigaluppe.
En la carátula de la causa figura el “abuso sexual simple, sin acceso carnal, agravado”. Además de la imputación, desde la fiscalía solicitaron al Dr. Sergio Rondoni Caffa, juez de Garantías de Federación, medidas inhibitorias y de prevención de contacto con la familia de la víctima, aunque descartaron un pedido de prisión preventiva porque para la Justicia no habría “peligro de fuga o entorpecimiento de la causa”.
Ahora están a la espera la conformación de un gabinete que realice al imputado una pericia psicológica y psiquiátrica, lo cual ya fue autorizado por el juez, pero la defensa del acusado pidió conocer la “metodología” con la que se llevaría adelante dicho examen, ya que tiene la facultad de negarse a realizarlo.
Los fiscales federales solicitaron 8 años y medio para el dueño del campo y 8 años para el capataz, además de una multa en favor de las víctimas. La semana próxima continúa el debate.
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