Falsos positivos: veintena de militares colombianos asume culpa en asesinatos de 247 jóvenes

Los jóvenes, a menudo desempleados que buscaban trabajo, eran engañados para asesinarlos y presentarlos como supuestos "guerrilleros” muertos en combate. 

En el anuncio de este 10 de diciembre, se trata de 22 de los 26 personas (todos militares menos un civil) que la JEP ha imputado hasta ahora en dos autos emitidos, entre los que se incluye el general retirado Paulino Coronado, el militar de mayor rango que reconoció su responsabilidad y presentó sus "sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes", según transmitió a la alta corte.

En el mismo contexto, el ex general Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), según la Fiscalía. "Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la prensa el fiscal general, Francisco Barbosa.

Los que niegan los hechos son enviados a Justicia ordinaria

Por otro lado, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante 2002 y 2004 y 2004 y 2005, respectivamente, negaron su responsabilidad y serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde pueden enfrentarse a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.

Docenas de exmilitares han sido imputados por el asesinato de 6.400 civiles que fueron ejecutados por el ejército y presentados como bajas en combate a cambio de beneficios, en el escándalo conocido en el argot militar como "falsos positivos".

Surgida del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, la JEP ofrece a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas penas alternativas a la prisión.

Por otra parte, la JEP imputó en enero de 2021 a ocho altos mandos de las FARC, que fuera la guerrilla más poderosa del continente, por el secuestro de 21.396 personas entre 1990 y 2016. Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad y esperan una sanción.