En 1984, una empresa sueca vertió en Arica (Chile) cerca de 20.000 toneladas de residuos tóxicos con altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo.
Internacionales14/06/2021
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Casi 40 años después, los residentes de esa ciudad siguen sufriendo problemas de salud. Un grupo de relatores de la ONU ha señalado a Suecia y Chile como responsables de un “crimen ambiental” y una “violación de los derechos humanos”, por lo que ha hecho un llamamiento para remediar esta situación “con urgencia”.
Las casi 20.000 toneladas de residuos tóxicos vertidas entre 1984 y 1985 por la empresa sueca Boliden Mineal AB en Arica permanecen a la intemperie y expuestas a los elementos de la naturaleza, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de la población, dado su alto contenido en elementos tóxicos, en especial arsénico, explicó un grupo de ocho expertos en derechos humanos de la ONU.
Los analistas advirtieron de que estos residuos pueden contaminar los sistemas de agua potable y deploraron que no se haya remediado esta situación en 37 años. Los investigadores calculan que hasta el momento se han visto afectadas por los residuos 12.000 personas, y “muchas han perdido la vida”, recalcaron.
Los relatores de la ONU destacaron que se han denunciado casos de cáncer, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y defectos de nacimiento relacionados con la exposición a esa basura. “Algunas mujeres en edad reproductiva que jugaron en la pila de residuos cuando eran niñas no han podido concebir”, añadieron.
“Los residentes de Arica siguen sufriendo graves problemas de salud causados por el vertedero. A la comunidad local se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido escaso o nulo remedio, y aún hoy se ignora a quienes necesitan atención médica”, apuntaron los relatores. El Gobierno de Chile construyó viviendas sociales junto a los vertidos.
Los enviados de la ONU, liderados por el jurista chileno Marcos Orellana, experto en derechos humanos y medio ambiente, recordaron que la empresa sueca pagó a la compañía local Promel Ltda para que recibiera los residuos y afirmaron que tanto Suecia como Chile son responsables, por lo que ambos países deben “cooperar para solucionar el problema”.
Según los expertos, Suecia tenía conocimiento de que la basura tóxica se estaba vertiendo en el norte de Chile, pero “no se ajustó a sus obligaciones internacionales”, además de que cuando solicitó a Chile el permiso para el vertido aseguró que los residuos no eran tóxicos.
En 2013, un grupo de 796 ciudadanos de Arica, entre ellos defensores de los derechos humanos, iniciaron acciones legales en Suecia contra Boliden. El Tribunal de Apelación del Norte de Norrland sostuvo que las reclamaciones de las víctimas estaban limitadas en el tiempo, y el Tribunal Supremo sueco se negó a examinar el caso.
Inoperatividad de la legislación ambiental
Pero las legislaciones medioambientales actuales tienen en cuenta los periodos de latencia de la exposición a los tóxicos y establecen que cualquier barrera temporal debe contarse desde el momento de la manifestación evidente del daño.
Por este motivo, la negativa del Tribunal Supremo de Suecia equivale a una “denegación de justicia ambiental, en violación del derecho a un juicio justo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Los investigadores de la ONU criticaron asimismo a las autoridades sanitarias de Arica por permitir la importación de residuos tóxicos sin realizar análisis químicos. Además, permitieron la construcción de viviendas en la zona contaminada y esas casas todavía son ocupadas por ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de pobreza o extrema pobreza.
«Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se producen desde hace mucho tiempo en Arica», enfatizaron los expertos.
Subrayaron que se deben tomar “medidas urgentes” para “devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura” con el fin de que sean eliminados adecuadamente.
Los relatores pugnaron por proporcionar “remedios efectivos” a los actuales y antiguos residentes de Arica, “incluyendo una atención sanitaria adecuada, reubicación y acceso a una vivienda que garantice una vida digna”. De lo contrario, añadieron, los efectos sobre los derechos humanos sufridos por la comunidad no harán más que “acentuarse con el paso del tiempo”.
El comunicado está firmado por ocho relatores, que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.
La intervención de los relatores llegó tras la emisión del documental “Arica”, de Lars Edman y William Johansson, que documenta la devastación provocada por el gigante de la industria minera sueca en esa ciudad del desierto chileno.
La cinta, grabada durante 15 años, ha supuesto un espaldarazo para las víctimas y los activistas que las apoyan; califica lo ocurrido como un caso de “colonialismo moderno”, y critica los veredictos de los jueces chilenos y suecos, que hasta ahora casi siempre han dado la razón a las empresas responsables de los vertidos. Y cuando se la han dado a los afectados, las sentencias no se han cumplido.
Marcos Orellana ha subrayado que la celebración en 2022 en Suecia del cincuentenario de la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano “no será completa sin una respuesta real que ponga fin y repare la tragedia ambiental y humana infligida por los desechos tóxicos suecos en Arica”.
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