El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se puede disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida.

Costa Rica fue el principal impulsor de esta iniciativa, que destaca que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional, es decir que son de aplicación universal. "Se trata de una aspiración común, de personas en todas partes del mundo. Aprobar esta resolución será un mensaje común y poderoso para quienes luchan contra las dificultades ambientales, para decirles que no están solos, que sus voces son escuchadas", dijo una diplomática costarricense al presentar la iniciativa.

Más de cuarenta países -entre ellos Chile, Ecuador, Uruguay y España- se presentaron como copatrocinadores de la resolución. Durante la negociación, Rusia planteó diversas enmiendas tendentes a reducir su alcance, porque desde su punto de vista declarar que vivir en un medio ambiente sano es un derecho está fuera del mandato del Consejo de Derechos Humanos. Esas enmiendas fueron rechazadas una a una por votación.

La resolución alienta a los países a crear capacidades para favorecer la protección del medio ambiente y cumplir por esta vía sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes con este fin. Países de todas las regiones, como, Uruguay, Corea del Sur, Alemania, Namibia o Fiji, ofrecieron argumentos de apoyo a la resolución.

Pese a sus objeciones, Rusia indicó que se abstendría en la votación para no obstaculizar un asunto tan altamente simbólico. Lo mismo hicieron China, Japón e India, por lo que la resolución fue aprobada sin ningún voto en contra. Brasil votó a favor, pero antes dejó clara su posición en relación a que el uso de los recursos naturales es una cuestión soberana de cada Estado.

El Consejo, a más alta instancia de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, creó también la figura de relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático. La jefa de la delegación de la UE ante la ONU en Ginebra, la embajadora Lotte Knudsen, consideró que se trataba de "una señal fuerte, en particular con vistas a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26)".

El relator, nombrado por un período de tres años, se encargará de estudiar y determinar "cómo influyen los efectos adversos del cambio climático, incluidos los desastres repentinos y los desastres de evolución lenta, en el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos", y formular recomendaciones.