Lo que los técnicos en IA no vieron: un data center binacional en Salto Grande

Técnicos de ambas orillas del río Uruguay se reunieron en el “Encuentro Binacional de IA y Negocios”, donde Salto y Concordia, como ciudades hermanas, mostraron sus desarrollos de software con inteligencia artificial aplicados al ámbito público y privado.

Enfrascada en sus proyectos específicos, cada parte traía avances para compartir, y el intercambio resultó beneficioso para todos. Sin embargo, hubo un punto que no se discutió, porque nadie lo puso sobre la mesa. Tal vez porque excede las aplicaciones y corresponde a un nivel más político que técnico: la creación de un centro binacional de datos en el territorio compartido por Argentina y Uruguay, el condominio internacional de Salto Grande.

Los propios funcionarios dieron el argumento sin advertirlo. Pedro Kohn, director de Innovación de Concordia, recordó que son “dos ciudades de 200.000 habitantes” que, si unen sus ecosistemas, pueden formar una zona económica mucho más rica: “tenemos que hacernos una sola ciudad”. Pocas obras encarnarían mejor esa idea que una infraestructura levantada, literalmente, sobre la frontera común.

Lo que buscan los gigantes

Empresas de la talla de Microsoft y Google recorren el mundo en busca de lugares donde instalar data centers. Necesitan abastecimiento eléctrico abundante, estable y, en lo posible, renovable; agua o régimen climático para refrigerar los equipos; conectividad de fibra óptica y reglas de juego estables.

La demanda crece a un ritmo inédito. Los data centers ya consumen cerca del 1,5 % de la electricidad mundial, y se proyecta que esa cifra se duplique hacia 2030. En la Argentina, en cambio, hay apenas 13 centros de datos de más de 1 MW, con una potencia total cercana a 32 MW, casi todos en Buenos Aires.

La carrera ya empezó. En la Patagonia se anunciaron proyectos de hasta 500 MW, y el país compite con Chile, Uruguay y Paraguay, donde los grandes operadores ya avanzan. En Río Grande do Sul, Brasil, se proyecta una “ciudad de data centers” que podría llegar a 4,75 GW. El Litoral, por ahora, no figura en ese mapa.

Lo que ya tiene Salto Grande

Salto Grande reúne casi todo lo que esas empresas buscan. El complejo cuenta con 14 turbinas y 1.890 MW de potencia instalada, con una generación media anual superior a 8.500 GWh de energía hidroeléctrica, limpia y renovable.

Tiene además lo que en la Patagonia todavía falta: la red. La represa opera un cuadrilátero binacional de 350 km de líneas de 500 kV, con capacidad para transportar 2.000 MVA, y cuatro subestaciones transformadoras ya instaladas. Los expertos advierten que disponer de energía no alcanza si no existe la infraestructura para llevarla al centro de datos. En Salto Grande esa infraestructura está construida desde hace décadas.

El río Uruguay aporta el agua y el clima templado favorece la refrigeración. Y alrededor de la presa quedan terrenos ociosos, sobrantes de la obra, que pertenecen al condominio internacional.

El momento también es propicio. La represa atraviesa un plan de renovación de cerca de US$ 1.000 millones, financiado en partes iguales por ambos países, cuya etapa principal se extenderá entre 2030 y 2040. Un gran consumidor con contrato de largo plazo ayudaría a sostener esa inversión.

El obstáculo es político

La cuestión política es, tal vez, la más difícil de sortear. La Comisión Técnica Mixta (CTM) es un organismo internacional, y el complejo es propiedad indivisa y en partes iguales de ambos Estados. Cualquier uso de esos terrenos requiere el acuerdo de las dos delegaciones, y también habría que definir qué régimen fiscal y qué jurisdicción se aplicarían al inversor.

El propio encuentro de ayer mostró el problema. Fue organizado con la participación de la Delegación Argentina de la CTM, pero no de la uruguaya. Si un evento binacional sobre IA no logra sentar a las dos delegaciones, un proyecto de esta envergadura exigirá una voluntad política que hoy no aparece.

Hay otro frente que conviene anticipar: el ambiental. El uso de agua del río Uruguay está regido por el Estatuto de 1975 y supervisado por la CARU, y la región conoce de memoria el conflicto por las pasteras. Un proyecto serio debería apostar a sistemas de refrigeración de circuito cerrado y consumo hídrico mínimo desde el primer día.

Trabajo para la región

Un data center de 50 MW requiere una inversión estimada en US$ 600 millones. Su construcción demandaría durante años obreros, técnicos electricistas, empresas constructoras y proveedores de la zona.

Terminada la obra, un centro de datos mediano emplea de forma permanente a unas 100 personas en operación, mantenimiento y seguridad. Son puestos calificados, para los que Concordia y Salto podrían formar a sus jóvenes en las universidades y escuelas técnicas de ambas orillas. Alrededor del centro suelen instalarse además empresas de servicios, software y conectividad: exactamente el ecosistema que el encuentro de ayer busca construir.

Los técnicos hablaron de aplicaciones. Falta que la política hable de infraestructura. Salto Grande ya demostró hace cuatro décadas que dos países pueden levantar juntos una obra que transforma la región. Un data center binacional podría ser su segundo capítulo.