Dada la multiplicidad y la morfología de las agresiones, los peritos concluyeron que los atacantes habrían empleado al menos varias armas. El estudio forense detalló además severos seccionamientos en partes blandas de la región abdómino-pélvica y de los glúteos, así como la amputación de la mano izquierda, cuadro que se vio posteriormente agravado por la acción de animales predadores de la zona.
El avanzado estado de descomposición del cuerpo y las maniobras de seccionamiento detectadas constituyeron un obstáculo para determinar si la docente fue víctima de una agresión sexual.
Nancy Godoy, docente de 52 años desaparecida en Corrientes.
Por otra parte, la fecha y hora exactas del fallecimiento no pudieron ser establecidas con precisión durante los primeros análisis. Por tal motivo, el IMF solicitó la intervención de profesionales del Instituto Médico Forense de Córdoba para realizar estudios entomológicos que permitan aportar mayor exactitud sobre la cronología de la muerte.
Los hallazgos periciales fueron comunicados de forma directa a la familia de Nancy Godoy mediante una videoconferencia encabezada por el decano del IMF, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.
Durante el encuentro, desarrollado en un lenguaje claro y accesible, Gálvez remarcó a los familiares y a sus abogados que cualquier versión no oficial en circulación carece de veracidad en relación con los verdaderos hallazgos forenses, asegurando que su único deber es con ellos y con el sistema de justicia.
El crimen de Nancy Godoy
Nancy Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente en la Escuela Rural N° 626, permanecía desaparecida desde el 7 de octubre. Su cuerpo fue localizado el 28 de octubre, 21 días después, semisumergido en un viejo potrero a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo.
A pocos metros del lugar, el personal policial halló un bolso azul que contenía pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular.
La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes sostienen como hipótesis principal la comisión de un femicidio.
Actualmente hay cinco personas privadas de la libertad con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados como coautores de femicidio. En tanto, Rosa Leguizamón, quien alojaba a la víctima durante sus jornadas laborales, está acusada como coautora de homicidio simple, y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural, permanece imputado por falso testimonio.
El crimen provocó una profunda conmoción en la comunidad de Esquina, donde se realizaron marchas del silencio, al tiempo que la CTERA convocó a un paro nacional docente.