La motosierra nacional y el silencio de Frigerio
Gabás repasa con números, en esta columna de opinión, el ajuste a las cuentas públicas, con impacto en la economía de las provincias pero también en los gobiernos municipales. Reclama, en este marco, una estrategia provincial en defensa de los recursos. “El federalismo no se declama, se defiende”, aseveró.
Pot Mg. Cr. Álvaro Gabás
La motosierra de Javier Milei ya no es solamente una consigna nacional. Es una política concreta que está golpeando las cuentas de las provincias, paralizando obras, deteriorando servicios y debilitando el federalismo argentino.
Durante los primeros nueve meses de 2026, las transferencias discrecionales ejecutadas por el Gobierno nacional hacia las provincias acumularon apenas $966.463 millones, lo que representa una caída real interanual del 60,1%. Es el nivel de transferencias discrecionales más bajo para este período desde 2005. Y si la comparación se realiza con 2023, la contracción real supera el 80%.
No estamos frente a un problema administrativo. Estamos frente a una decisión política.
El Gobierno de Milei decidió retirar al Estado nacional de buena parte de sus responsabilidades y trasladar el costo del ajuste hacia las provincias y los municipios. Menos recursos nacionales significa menos obra pública, menos inversión, menos capacidad de respuesta y mayor presión sobre las cuentas provinciales.
La pregunta inevitable es: ¿qué hace Rogelio Frigerio frente a esta situación? Porque mientras el Gobierno nacional profundiza el ajuste, el gobernador de Entre Ríos parece haber elegido una estrategia de acompañamiento antes que una estrategia de defensa de los intereses de la provincia. El federalismo no se declama: se defiende.
El Gobierno nacional justifica el recorte en nombre del superávit fiscal y de la necesidad de cumplir con la meta primaria del 1,4% del PBI acordada con el FMI. Pero hay una contradicción evidente. El ahorro que genera la reducción de estas transferencias representa apenas alrededor del 0,06% del PBI. Es decir, tiene un impacto relativamente pequeño sobre las cuentas nacionales, pero un impacto enorme sobre los presupuestos provinciales y municipales.
Un gobernador no puede limitarse a administrar el ajuste que viene de Buenos Aires. Tiene la obligación de defender los recursos de su provincia, reclamar lo que corresponde y construir una estrategia política para enfrentar una Nación que está descargando el costo del ajuste sobre los gobiernos subnacionales.
Motosierra a los municipios
El impacto no queda encerrado en los ministerios de Economía. Cuando se reducen las transferencias nacionales, las consecuencias aparecen en las calles: obras públicas que se frenan, infraestructura que no se ejecuta, municipios con menos capacidad financiera, dificultades para sostener programas sociales y menor inversión pública.
La motosierra termina llegando al barrio. Y cuando llega al barrio, ya no importa cómo se denomina técnicamente la partida presupuestaria. Se transforma en una calle que no se arregla, una obra que no empieza, una escuela que no recibe recursos o un municipio que debe endeudarse para sostener servicios básicos.
Mientras tanto, hasta agosto la Nación había recaudado $798.839 millones correspondientes a ATN, pero había distribuido solamente $151.000 millones, manteniendo aproximadamente $647.839 millones en Tesorería.
Esto demuestra que no estamos solamente ante una Nación sin recursos. Hay recursos. Lo que existe es una decisión política de no distribuirlos. La contradicción del modelo. Aquí aparece la contradicción central del gobierno de Frigerio.
Mientras Milei plantea que las provincias deben arreglarse con sus propios recursos, Entre Ríos necesita de una Nación que cumpla con sus obligaciones y de un gobernador que reclame con firmeza los recursos que corresponden. La respuesta de Frigerio no puede ser resignarse. Porque el federalismo argentino no consiste en que las provincias acepten silenciosamente las decisiones de la Casa Rosada.
Federalismo significa distribución de recursos, equilibrio territorial, infraestructura, servicios públicos y capacidad real de las provincias para decidir sobre su propio desarrollo. Si la Nación recauda y concentra recursos mientras reduce las transferencias, las provincias quedan financieramente condicionadas. Y cuando una provincia queda financieramente condicionada, pierde autonomía política.
Fuente: Página Política
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