Crisis del Teatro Odeón: investigan sueldos fuera de convenio de la hija del expresidente y denuncian irregularidades administrativas

Fernanda Aragón reclama más de un millón de dólares

La principal sala cultural de la ciudad de Concordia atraviesa una delicada situación institucional y legal. Tras una revisión exhaustiva de los libros de contabilidad y actas, la nueva comisión directiva de la Fundación Odeón denunció a su expresidente y a la ex administradora de la entidad —quien además es su hija—, en medio de una demanda judicial millonaria por despido indirecto y un reclamo por accidente de trabajo. 

El sueldo de la hija del ex presidente de la fundación Odeón -fuera de convenio- no estaría asentado en los libros rubricados de la entidad lo que hace sospechar que hubo un acuerdo presuntamente espurio entre padre-hija que justificó la intervención de la justicia penal para que investigue  lo que se considera un ilícito.

El conflicto cobró mayor relevancia mediática y judicial a partir de las declaraciones brindadas por la abogada Analía Cardozo, integrante y patrocinante de la actual conducción de la fundación, quien detalló las irregularidades salariales detectadas y el impacto económico que generan sobre la institución. 

Según lo manifestado por la defensa legal de la institución, la revisión de los documentos y de los recibos de sueldo permitió detectar un desfasaje en las remuneraciones de la ex administradora, Fernanda Aragón, que se remontaría al año 2016.

“Nos dimos cuenta de que había una irregularidad en los salarios, es decir, se estaban pagando salarios fuera de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo, pero muy para arriba”, subrayó Cardozo durante la entrevista. Asimismo, la letrada remarcó que las sumas adicionales superaban ampliamente el salario básico de convenio y que no existían registros que autorizaran tales pagos: “Lo que más nos llama la atención es que no estaban los libros escritos de que se autorizara ese aumento de adicionales que figuran en los recibos de sueldo”.

Desde la representación jurídica explicaron que este tipo de decisiones administrativas requerían obligatoriamente la aprobación y el asentamiento en las actas del consejo de la fundación, no siendo una atribución exclusiva de la presidencia. 

El escenario judicial no solo alcanza a la ex administradora, sino también a su padre, quien ejercía la presidencia de la Fundación Odeón en el momento en que se desencadenó el litigio laboral e intervino directamente en la respuesta a la primera carta documento enviada por la demandante.

Al ser consultados sobre esta situación, antiguos integrantes del consejo señalaron que existía una confianza depositada en las autoridades de aquel momento. No obstante, la actual conducción cuestionó el proceder institucional y legal adoptado en ese entonces. Ambos involucrados fueron denunciados formalmente para que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes sobre las decisiones tomadas y la falta de respaldos documentales.

La magnitud del diferendo salarial impacta de lleno en la liquidación que reclama la ex empleada tras considerarse despedida. Aunque no se precisaron las cifras exactas de los haberes que percibía la ex administradora, Cardozo sostuvo que el monto total pretendido por la demandante supera ampliamente el equivalente a un millón de dólares al valor actual.

“Nosotros tomamos el caso después que estaba la estrategia pensada, o por lo menos eso creíamos”, explicó la abogada al referirse al estado del trámite judicial tras la renuncia de la anterior representación legal. La defensa diferenció la demanda por despido indirecto —en la que intervino la fundación— de los reclamos correspondientes al accidente de trabajo, que quedan bajo la órbita de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

La actual comisión directiva, que tomó la conducción de la entidad en marzo de este año, vinculó los elevados salarios con el incremento progresivo de los pasivos y compromisos fiscales de la institución.

“Con ese desfasaje de salario empieza a generarse mayores deudas, es decir, mayores obligaciones”, remarcó Cardozo, haciendo referencia al impacto directo sobre las cargas sociales, aportes sindicales y la obra social. Los antecedentes indican que ya hacia finales de 2024 la institución registraba severas dificultades de liquidez para afrontar sus obligaciones, comprometiendo seriamente la continuidad y estabilidad de la tradicional sala concordiense.