La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento con prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria de Luis Manuel Recalde, ordenanza de una escuela, por el delito de comercio de estupefacientes.
La resolución, fue adoptada el 28 de septiembre por el tribunal integrado por los jueces Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez. De este modo, la alzada desestimó los planteos de nulidad articulados por la defensa pública y confirmó en todos sus términos la decisión de primera instancia.
El expediente presenta un recorrido procesal singular que se inició en la justicia ordinaria entrerriana a raíz de la investigación de un delito contra la propiedad y derivó en el fuero federal tras el secuestro de más de un kilo de cocaína fraccionada y en un “ladrillo” con el sello de un delfín, junto con balanzas de precisión y recortes de nylon. Distintas investigaciones apuntan que la marca del delfín pertenece al narco salteño Delfín Reinaldo Castedo, quien se encuentra preso hace nueve años y debe cumplir 16 años de arresto por asociación ilícita y lavado de activos, y otra de prisión perpetua por haber ordenado el asesinato de una productora rura
La causa penal tuvo su punto de partida el 3 de mayo de 2025, cuando el ciudadano R.M.E.R. denunció ante la justicia provincial el ingreso de personas desconocidas a un inmueble de su propiedad en la ciudad de Concordia y la sustracción de una garrafa violeta de diez kilogramos. El hecho tramitó en el legajo de Investigación Penal Preparatoria ante el Juzgado de Garantías N° 3 de Concordia.
El 4 de mayo de 2025, R. amplió su exposición e informó además el faltante de una computadora portátil notebook marca Samsung de color plateado. En el curso de la investigación policial, se incorporó información que vinculaba a dos sospechosos con el ilícito investigado y con una finca ubicada en calle Gualeguay al 900 de Concordia, inmueble perteneciente a Luis Manuel Recalde.
El allanamiento y el hallazgo inesperado bajo el sofá
Atento a las evidencias reunidas, el 6 de mayo de 2025 el Juzgado de Garantías N° 3 libró el mandamiento N° 1107, autorizando el allanamiento y registro del inmueble. La orden buscaba secuestrar la garrafa y la computadora portátil. Ese mismo día, efectivos de la Comisaría Segunda de Concordia notificaron a Recalde e inspeccionaron la finca.
En el comedor secuestraron la garrafa violeta de diez kilogramos denunciada. Sin embargo, la diligencia tomó un rumbo imprevisto al revisar una habitación: al desplazar un sofá de color negro, los agentes hallaron debajo una caja metálica rectangular de color azul. Al abrirla, constataron la presencia de un bloque de forma rectangular, embalado con cinta aisladora de color amarillo, que arrojó un peso de 1.028 gramos de cocaína y elementos pertenecientes al dueño de casa. La fiscalía provincial dispuso el secuestro del material y la aprehensión de Recalde por tenencia de drogas, decretando su prisión domiciliaria.
El 30 de abril de este año, la justicia provincial se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero federal. El 8 de mayo, el Fiscal Federal formuló el correspondiente requerimiento de instrucción. Posteriormente, el 22 de mayo, la Jueza Federal de Concordia dictó el procesamiento con prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria de Recalde por el delito de comercio de estupefacientes.
Frente a la imputación, la Defensora Pública Oficial Noelia Quiroga solicitó el 24 de julio la nulidad de la orden de allanamiento y del secuestro de la droga. Sostuvo que el mandamiento carecía de fundamentación, violaba la inviolabilidad del domicilio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que los funcionarios policiales excedieron sus límites al abrir la caja metálica. El Ministerio Público Fiscal dictaminó por el rechazo y, el 26 de agosto la Jueza Federal desestimó los planteos de nulidad.
La defensa apeló la resolución el 2 de septiembre. Tras la audiencia donde se agregaron los memoriales de la defensora y del Fiscal General José Ignacio Candioti, la Cámara resolvió la contienda.
En su voto rector, el juez Mateo José Busaniche fundamentó que el descubrimiento se produjo dentro de una medida judicialmente autorizada y durante la búsqueda de los efectos objeto de la orden. "Una vez advertida la presencia de sustancias que –prima facie– podrían encontrarse vinculadas con otro hecho delictivo, se dio inmediata intervención a la autoridad fiscal, que dispuso el secuestro de los elementos, sin que se advierta que ello haya importado la continuación de una pesquisa autónoma o desvinculada de la diligencia originalmente ordenada", explicó el magistrado.
El juez concluyó que admitir la pretensión de la defensa "sería incurrir en un exceso ritual, ya que no se advierte lesión constitucional alguna". De esta forma, la Cámara Federal confirmó la resolución apelada y rechazó la nulidad planteada.