El reclamo central está vinculado con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, particularmente con la recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales.
Paro de docentes universitarios: anunciaron una nueva medida de fuerza desde el 30 de septiembre
CONADU definió un paro total de actividades de 48 o 72 horas en reclamo de la recomposición salarial prevista por la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definió un nuevo paro total de actividades que comenzará el miércoles 30 de septiembre y tendrá una duración de 48 o 72 horas. La decisión fue adoptada por mayoría durante el Plenario de Secretarias y Secretarios de la organización y se buscará coordinar la medida con la CONADU Histórica.
Según informó CONADU, el paro quedará suspendido si el Gobierno nacional cumple antes del martes 29 de septiembre con la recomposición salarial del 33,4% que la organización considera contemplada por la normativa y con la intimación judicial dictada por el juez federal Martín Cormick.
El conflicto salarial entre los docentes y el Gobierno
La nueva medida de fuerza se produce después de que el Gobierno ofreciera un aumento del 3% en la última negociación paritaria, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales universitarias.
Los gremios sostienen que existe una diferencia salarial que debe ser recompondida de acuerdo con lo establecido por la Ley 27.795. En ese marco, el Frente Sindical de Universidades Nacionales había intimado al Gobierno para que efectivizara el aumento del 33,4% antes del 30 de septiembre.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, señaló que el sindicato continuará con el plan de lucha y vinculó las próximas medidas con la organización de la comunidad universitaria frente al escenario actual. Sus declaraciones forman parte de la posición expresada públicamente por la federación sindical.
Qué pasa con la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto también llegó a la Justicia. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar relacionada con la Ley 27.795.
La resolución advirtió que, en caso de demora, podrían aplicarse multas diarias por cada jornada de incumplimiento. El magistrado sostuvo que no se había acreditado el cumplimiento total de la medida cautelar que ya se encontraba vigente.
La cautelar está relacionada principalmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y con la actualización de las becas y programas destinados a estudiantes.
El Gobierno apelará la decisión judicial
En paralelo con el anuncio del paro, el Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución de Cormick ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La posición del Ejecutivo es que ya cumplió con la medida cautelar y que esa situación fue informada y acreditada oportunamente ante el juzgado. La Justicia, en cambio, consideró que todavía no estaba demostrado un cumplimiento total y mantuvo vigente la intimación.
El conflicto judicial tiene además un antecedente importante: la cautelar dictada a fines de 2025 fue posteriormente confirmada por la Cámara. En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. Por ese motivo, la medida cautelar continúa vigente mientras sigue pendiente la resolución del conflicto de fondo.
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