Un revólver en la cintura, una fuga fallida y otra prueba del nuevo Código Penal Juvenil en Concordia

El instinto lo delató antes que la huida. Los efectivos vieron cómo se tocaba la cintura, un gesto que en la jerga policial rara vez es inocente, y decidieron actuar. La persecución duró apenas unos metros. Reducido y requisado, el joven llevaba encima un arma de fuego cargada, lista.

Tenía 16 años.

La escena, hasta ahí, podría haber ocurrido en cualquier año de la última década. Lo que cambia —y lo que convierte este procedimiento en algo más que un parte policial de rutina— es el marco legal bajo el cual ahora se resuelve. El fiscal Mario Figueroa no tramitó el caso como se hacía hasta hace apenas dos semanas: solicitó la requisa personal del menor ante la jueza de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Concordia, Delfina Geist, en el marco de la flamante Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil que rige en el país desde el 5 de septiembre y que reemplazó una normativa que llevaba vigente desde la última dictadura militar.

Con la medida judicial en mano, se secuestró un revólver calibre .22, cinco cartuchos del mismo calibre y dos vainas servidas. Policía Científica sumó un dermotest para determinar si el adolescente había efectuado disparos. Figueroa dispuso finalmente su detención por portación ilegal de arma de fuego.

Lo que cambia para el menor —y lo que no

A los 16 años, este adolescente ya era punible incluso bajo el viejo régimen de 1980 (reformado en 1983), que fijaba el piso de imputabilidad en esa misma edad. En ese sentido, su situación penal de fondo no varía por la nueva ley, que bajó la edad mínima de responsabilidad a los 14 años y que, para este caso puntual, no amplía el universo de conductas por las que puede responder.

Lo que sí cambia —y de manera sustancial— es cómo va a transitar el proceso. La Ley 27.801 exige que jueces, fiscales y defensores que intervengan en causas juveniles cuenten con especialización en la materia, algo que ya se refleja en que el expediente recayó directamente en un juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, y no en un fuero penal ordinario. La norma también obliga a agilizar los procesos cuando el adolescente permanece detenido, para evitar los tiempos muertos que caracterizaron al sistema anterior.

En cuanto a las consecuencias posibles, el nuevo régimen le da al fiscal y al juez un menú mucho más amplio que la prisión lisa y llana: desde amonestaciones y prohibiciones de acercamiento hasta servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos psicológicos o monitoreo electrónico. La privación de libertad queda reservada como medida excepcional, y aun si se llegara a una condena, la ley prohíbe la prisión perpetua para menores y fija un techo de 15 años, muy por debajo de la escala que regiría para un adulto en el mismo delito.

Es, en definitiva, un sistema que promete más rapidez y más herramientas de reinserción, pero que también somete a este chico de 16 años a un aparato judicial más formalizado, con juicio propio y plazos concretos, en un contexto —advierten organizaciones que siguieron el debate de la ley— de institutos de menores superpoblados y presupuestos que no siempre acompañan la letra de la norma. La pregunta que este caso empieza a responder, en Concordia y en el resto del país, es si esa promesa de "educación y reinserción" que enarbola la Ley 27.801 tiene con qué sostenerse en la práctica, o si el adolescente que hoy quedó detenido terminará siendo apenas el primer número de una estadística que la reforma dijo querer evitar.