La Armada denunció irregularidades en el pago de sueldos: $ 1.000 millones en transferencias a 23 sospechosos

Según la presentación judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por un total histórico de $ 981.148.567,88. Los pagos superaban los haberes liquidados o carecían completamente de respaldo.

La revisión técnica comparó las liquidaciones, los recibos publicados, los lotes enviados al Banco Nación y las confirmaciones bancarias, que se habrían modificado manualmente registros y archivos después de los controles ordinarios y antes de su envío al banco. Luego, ciertos valores eran restituidos a su estado original para que los importes adicionales no aparecieran en los recibos.

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley", expresó la Armada a través de un comunicado.

Las irregularidades no parecían errores generalizados: estaban concentradas en beneficiarios recurrentes y seguían un mecanismo reiterado. Las acreditaciones indebidas se incorporaban al proceso mensual de pago de más de 24.000 personas, junto con los haberes legítimos. La denuncia sostiene que esta modalidad permitía eludir los controles aplicados antes de generar los archivos bancarios.

Además, el texto detalla que cuatro beneficiarias y beneficiarios sin vínculo con la Armada recibieron 184 acreditaciones por $ 434.200.718,04, el 44,25 % del total: María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. Prieto, beneficiaria de $ 152.259.495,86, es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista.

En las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía esas acreditaciones, que las realizaba manualmente y que decidía personalmente sus destinatarios e importes para favorecerlos económicamente. También habría manifestado que ninguna otra persona participaba en esas decisiones. Sus declaraciones serían concordantes con los registros analizados.

La actuación también permitió detectar pagos a personal vinculado con la Armada. Roberto Eduardo Castro habría cobrado simultáneamente haberes en el exterior y en el país, pese a que el sistema lo excluía automáticamente del pago local. Su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, habría recibido acreditaciones durante una licencia sin goce de sueldo. La Justicia deberá evaluar cada caso.

Hasta la presentación se habían restituido $42.574.267,63, por lo que quedaban $938.574.300,25, sin que las devoluciones alteren el monto histórico denunciado. La Armada reforzó los controles, separó las funciones de liquidación, pago y conciliación, relevó preventivamente a Atanasoff y preservó los equipos y archivos.