Rechazan hábeas corpus a favor de Rosatelli tras prohibirse el ingreso del abogado Mulet a la Unidad Penal

La Justicia provincial desestimó la acción de hábeas corpus correctivo presentada a favor de Daniel Alejandro Rosatelli, el abogado y comisario de la Policía que se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 1, en el marco de una causa por narcotráfico. El recurso fue interpuesto luego de que el personal penitenciario impidiera el ingreso del abogado Guillermo Mulet para entrevistarse con su colega.

La medida de rechazo, dictada inicialmente por el vocal de Juicio y Apelaciones, Juan Francisco Malvasio, fue posteriormente confirmada en todos sus términos por la Cámara de Casación de Paraná, al considerar que las exigencias de acreditación carcelaria son medidas razonables de seguridad y no constituyen un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. 

Denuncia de trabas al ejercicio profesional

De acuerdo con la presentación judicial, el problema se originó el 2 de septiembre de 2026, cuando Mulet concurrió al establecimiento penitenciario con el fin de mantener una entrevista con Rosatelli. Según explicaron los letrados Mulet e Iván Vernengo, el interno lo había convocado mediante una "nota manuscrita para asumir su defensa técnica en causas ajenas a aquella por la cual se encuentra privado de su libertad".

La defensa denunció formalmente que "el personal penitenciario le impidió el ingreso sin exhibir fundamento normativo alguno para ello". Ante esta situación, los profesionales argumentaron que la decisión de la Unidad Penal de impedir el acceso de Mulet "privaba al detenido, indebidamente, de mantener contacto con quienes iban a ejercer su Defensa Técnica", vulnerando garantías consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Malvasio argumentó seguridad y control judicial exclusivo

Al recibir el planteo, el vocal Malvasio requirió un informe urgente a las autoridades penitenciarias. La dirección de la Unidad Penal Nº 1 detalló que Rosatelli se encuentra alojado a "exclusiva disposición del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, Secretaría Criminal y Correccional N° 1". Asimismo, la institución carcelaria precisó que no restringe la comunicación con los defensores, pero sí exige que los profesionales se encuentren debidamente registrados y acreditados en la causa correspondiente. Bajo este criterio, los únicos abogados habilitados formalmente eran los doctores Damián Petenatti y Rubén Alberto Pagliotto. Al no revestir Mulet y Vernengo ese carácter, su ingreso quedó condicionado a una autorización judicial previa.

En su resolución dictada este jueves, Malvasio rechazó la acción señalando que el derecho a la comunicación confidencial con un abogado "presupone la existencia de una relación de defensa reconocida en la causa por la cual la persona se encuentra privada de su libertad". Respecto a los requisitos de la Unidad Penal, el magistrado consideró que "la exigencia de acreditación no importa, por sí sola, una restricción ilegítima al ejercicio de la defensa. Constituye, antes bien, un recaudo razonable orientado a preservar la seguridad del establecimiento y la regularidad del ingreso de terceros a los sectores de alojamiento".

Además, Malvasio dejó en claro que la potestad sobre las visitas corresponde únicamente al juez de la causa principal: "Es al magistrado a cuyo cargo se encuentra el detenido a quien compete, en forma exclusiva y excluyente, autorizar el ingreso de terceros para tomar contacto personal con aquel, por ser quien tiene bajo su control la custodia del interno".

Por tales motivos, resolvió "rechazar la denuncia de hábeas Corpus" por no encuadrar en los supuestos de agravamiento de la detención previstos en la Ley Provincial Nº 8369.

La Cámara de Casación ratificó el fallo

Tras ser elevada la resolución en consulta obligatoria, la Cámara de Casación de Paraná —integrada por Marcela Badano, Gustavo Pimentel y Marcela Davite— intervino para evaluar el caso.

El tribunal de alzada respaldó plenamente el criterio de Malvasio y dictaminó que el magistrado "actuó conforme a Derecho al rechazar el recurso impetrado, atento a que el motivo de la presentación efectuada, no configura un supuesto legal habilitante de la Acción de Habeas Corpus".

Los camaristas explicaron que para la procedencia de un hábeas corpus correctivo se requiere un menoscabo real y desproporcionado en la detención, algo que no se constató en este expediente. Por el contrario, determinaron que la restricción aplicada a los nuevos abogados "encuentra fundamento en protocolos estandarizados e iguales para todas las personas alojadas en el establecimiento penitenciario", habiéndose indicado correctamente a los presentantes que debían canalizar su solicitud ante el Juzgado Federal pertinente.

Rosatelli se encuentra a la espera de la resolución sobre su situación procesal que dictará el juez federal Leandro Ríos, en el marco de la causa que tiene a otras cinco personas detenidas por el transporte de 1345 kilos de marihuana hallados en una camioneta Citroën Jumper en la ciudad de La Paz, el pasado 13 de febrero. Al abogado lo acusan de haber adquirido ese vehículo para ponerlo a disposición de esa operación ilícita. Su defensa manifiesta que no hay ninguna prueba que demuestre esta grave acusación. La resolución del magistrado podría conocerse hacia mediados de septiembre.