El proyecto oficial genera un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, la iniciativa elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos y amplía las posibilidades de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la legislación para la compra de tierras rurales por extranjeros. La norma vigente fija un tope del 15% de la superficie rural nacional, mientras que la reforma permitiría operaciones sin ese límite, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.
El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.