Los miembros de la comitiva señalaron que, tras llegar a territorio boliviano, fueron retenidos por las autoridades migratorias y posteriormente obligados a abordar un vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra, desde donde emprendieron el regreso hacia la Argentina.
Entre quienes integraban la misión se encontraban:
- Juan Marino, diputado nacional de Fuerza Patria (FP).
- Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO).
- Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys.
- María José Cano de laCentral de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A).
- Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Algunos integrantes denunciaron que permanecieron varias horas sin poder continuar con las actividades previstas y cuestionaron el procedimiento aplicado por las autoridades locales.
Reclamos desde la Argentina
Luego de conocerse la situación, dirigentes políticos argentinos expresaron su rechazo a la decisión adoptada por el gobierno boliviano. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, reclamó que se garantizaran las condiciones necesarias para que los integrantes de la misión pudieran desarrollar las tareas para las que habían sido invitados.
Además, solicitó la intervención de las autoridades consulares argentinas para resguardar la integridad de los miembros de la delegación.
Cabe mencionar que, a través de un documento difundido tras la expulsión, los integrantes de la misión sostuvieron que habían sido convocados por legisladores, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil boliviana. En ese texto afirmaron que el viaje tenía como finalidad relevar denuncias relacionadas con actuaciones estatales durante protestas y conflictos sociales registrados en el país.
Asimismo, calificaron la decisión de impedir su ingreso como una medida contraria a los objetivos de observación que buscaban desarrollar y cuestionaron el accionar de las autoridades bolivianas. La deportación de la delegación generó repercusiones políticas tanto en Bolivia como en Argentina y abrió un nuevo foco de controversia en torno a la situación institucional que atraviesa el país vecino.