El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó la Ley 1740 de Estados de Excepción, que le da poder al gobierno para usar tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas en operativos conjuntos contra las protestas sociales que piden su renuncia desde el 1 de mayo. La norma habilita la intervención militar directa para levantar los más de 90 bloqueos de rutas que mantienen paralizado al país.
El mandatario boliviano defendió la medida diciendo que “es una ley para proteger a los bolivianos” y que responde a lo que marca la Constitución. Desde hace más de un mes que se han instalado cerca de 90 bloqueos en rutas estratégicas por parte de sindicatos, campesinos e indígenas afines al expresidente Evo Morales,.
Las medidas de protesta generaron un desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible, con pérdidas económicas que ya superan los 2.300 millones de dólares, según la Cámara Nacional de la Industria. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 10 muertos, 37 heridos y 365 detenidos desde el inicio de las protestas.
El centro de las protestas es la ciudad de Cochabamba donde volvieron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los reclamos apuntan contra el presidente Rodrigo Paz, acusado de incumplir promesas electorales y de no dar respuesta a la crisis económica.
En este clima de caos, el presidente boliviano calificó a algunos manifestantes como “narcoterroristas” y responsabilizó a Evo Morales de avivar la tensión. Al mismo tiempo, anunció medidas paliativas como la renegociación de deudas, un fondo de garantía para el transporte y ayudas a pacientes con cáncer y enfermedades renales, financiadas en parte con la reducción de salarios de ministros y del propio presidente.
Sin embargo, las medidas no lograron frenar la presión social. Los líderes de las protestas mantienen su exigencia de que Paz renuncie, mientras la economía se deteriora rápidamente. Los bloqueos de rutas provocaron desabastecimiento y empujaron la inflación de mayo al 2,13%, el nivel más alto del año. La crisis golpea tanto a familias como a empresas, y el escenario político se vuelve cada vez más incierto en Bolivia.