EN EL HORNI: Piden la detención de Adorni por presionar al arquitecto que refaccionó su casa del country

La diputada nacional Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que existen indicios de entorpecimiento de una investigación judicial en el marco de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

El planteo fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y se apoya en la aplicación de la llamada doctrina Irurzun, un criterio que habilita la prisión preventiva cuando se presume que una persona con poder puede influir sobre el desarrollo de una causa.

El pedido de detención

En el escrito judicial, Pagano argumentó que hay un “riesgo procesal grave, actual e inminente” vinculado a la posibilidad de que el funcionario interfiera en la investigación. Según detalló, la conducta atribuida a Adorni consistiría en haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.

De acuerdo con la presentación, ese contacto habría incluido el ofrecimiento de “ayuda” o la intervención de su “equipo”, así como la presunta eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados al caso. Para la diputada, estos elementos configuran una maniobra concreta de interferencia.

En declaraciones periodísticas, Pagano explicó que el pedido no se basa en un eventual riesgo de fuga, sino en la posibilidad de que el funcionario obstruya el avance de la causa, una de las causales previstas para solicitar una detención preventiva.

La doctrina Irurzun y el rol del cargo

La legisladora fundamentó su presentación en la doctrina establecida por la Cámara Federal en 2017, que considera que exfuncionarios –o personas con poder– pueden mantener “relaciones residuales” capaces de incidir en expedientes judiciales. En este caso, sostuvo que esa lógica se aplica con mayor fuerza por tratarse de un funcionario en ejercicio.

En el escrito, Pagano remarcó que la situación se ve agravada por el cargo que ocupa Adorni, lo que —según su planteo— le otorgaría capacidad de influencia sobre testigos, organismos públicos y el desarrollo del expediente.

El planteo público de Pagano

La diputada también difundió su posición en redes sociales, donde afirmó: “Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun”.

Además, en base a versiones periodísticas sobre la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, señaló que el testigo habría recibido contactos para borrar conversaciones a cambio de beneficios, aunque aclaró que, en su carácter de denunciante, no tiene acceso directo al expediente.

Por el momento, la solicitud deberá ser evaluada por el juez interviniente, quien definirá si existen elementos suficientes para avanzar con una medida de este tipo.