Ayer informábamos que se habían encendido las alarmas en la Cárcel “El Potrero” de Gualeguaychú tras detectarse un caso de tuberculosis en un interno. El establecimiento, que nació como una unidad de régimen semiabierto destinada a personas próximas a recuperar la libertad, terminó convertido en una cárcel común donde conviven perfiles incompatibles: presos provenientes de la Unidad de Máxima Seguridad de Gualeguaychú junto a internos con penas leves o en etapas finales de su condena.

Hoy, la situación volvió a sacudir a la comunidad: un interno murió durante el recuento matutino en la Unidad Penal N°9 “Granja El Potrero”. Según la información oficial, sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante.

El fallecido fue identificado como Sergio Magallán, quien se encontraba a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú. Desde el Servicio Penitenciario indicaron que padecía problemas cardiológicos e hipertensión, por lo que estaba bajo medicación. En enero había sido trasladado al Hospital Centenario por complicaciones de salud.

Magallán estaba alojado en el módulo “C”, un sector que alberga aproximadamente a un centenar de internos. Tras su muerte, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales.

Un sistema penitenciario al límite

La falta de recursos atraviesa a todo el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que funciona con sobrepoblación crónica. Es conocido que los jueces deben solicitar cupo para poder enviar a una persona condenada a un establecimiento penitenciario, una señal inequívoca del colapso estructural.

A esto se suma otro problema señalado reiteradamente por organismos de derechos humanos: la detención preventiva en comisarías, espacios que no cuentan con personal capacitado ni condiciones mínimas para alojar personas privadas de libertad. La consecuencia es un sistema que improvisa donde debería garantizar derechos básicos.

Pobreza, delito y un círculo que se retroalimenta

La pobreza creciente en el país —y particularmente en Concordia— genera un caldo de cultivo donde el “sálvese quien pueda” se vuelve regla. En ese contexto, muchas personas terminan atrapadas en economías ilegales como el microtráfico de drogas, lo que deriva en detenciones que engrosan aún más los pabellones superpoblados de la provincia.

No se trata de pedir sentencias más indulgentes, sino de exigir que el Estado garantice condiciones dignas y compatibles con los estándares internacionales. Si el sistema no puede asegurar salud, higiene, alimentación adecuada, separación de perfiles y acceso a tratamientos médicos, entonces los jueces se ven obligados a considerar medidas alternativas para evitar que las cárceles se transformen en depósitos inhumanos.

Editorial: cuando la cárcel deja de ser castigo y pasa a ser riesgo de muerte

La muerte de un interno por un paro cardíaco y la aparición de un caso de tuberculosis en un mismo establecimiento no son hechos aislados: son síntomas de un sistema penitenciario que opera por encima de sus capacidades reales.

Una cárcel puede ser dura, puede ser estricta, puede ser un castigo. Lo que no puede ser —bajo ningún concepto— es un lugar donde una persona corre más riesgo de morir que de rehabilitarse.

Cuando el Estado encierra a alguien, asume la responsabilidad indelegable de garantizar su vida y su salud. Si no puede hacerlo, no solo incumple la ley: compromete su legitimidad.

La discusión no es ideológica. Es humanitaria, jurídica y profundamente institucional. Porque una sociedad que tolera cárceles donde se convive con enfermedades evitables, hacinamiento y muertes súbitas, es una sociedad que empieza a naturalizar lo inaceptable.

Y cuando eso ocurre, la frontera entre justicia y abandono se vuelve peligrosamente delgada.