La privatización que se cobró una vida: la muerte de "Catuto" Casco y el costo humano de tercerizar la basura
El traspaso del servicio de recolección de residuos a la empresa cordobesa VITSA dejó a decenas de trabajadores municipales sin tareas, sin certezas y, según sus compañeros, sin razones para seguir adelante.
Oscar Casco no murió de ninguna enfermedad conocida. No tenía antecedentes cardíacos ni respiratorios. Era, según quienes lo conocieron, una persona activa, presente, de esas que uno ve siempre en el campo de fútbol aunque no sea su turno de jugar. Lo llamaban "Catuto". Trabajó durante años en la recolección de residuos de la Municipalidad de Concordia. Y cuando esa tarea le fue quitada —no por incapacidad, sino por decisión política y empresarial—, algo en él comenzó a apagarse.
Su muerte, ocurrida en el contexto de los traslados forzados que siguieron a la privatización parcial del servicio municipal de higiene urbana y el arribo de la empresa VITSA, generó conmoción entre sus compañeros de trabajo. Más que conmoción: rabia. Y una pregunta que nadie en la administración municipal parece dispuesto a responder: ¿cuánto vale la salud emocional de un trabajador frente a un contrato de concesión?
"Estaba bien, estaba contento estando en la recolección. Era muy compañero, compartíamos el fútbol, los campeonatos municipales, siempre estaba participando o acompañando."
— Solange Zanandrea, empleada del área de Higiene Urbana
Zanandrea fue una de las primeras en hablar. Compañera de Casco en el área a la que fue reasignado tras el ingreso de VITSA, describió con precisión el deterioro que observó en él durante las últimas semanas. Antes de los traslados, "Catuto" había logrado cierta estabilidad económica gracias a los turnos extras y a la recolección informal de materiales reciclables —aluminio, cartón— una práctica habitual entre los trabajadores para complementar un salario que nunca alcanza. "Eso le ayudaba muchísimo a salir de las deudas y sostener su casa", recordó.
Pero la reubicación lo dejó sin tareas concretas, sin el complemento de ingresos, y —lo que sus compañeros consideran el golpe final— sin perspectiva de retorno. En una reunión con responsables del área a la que fue asignado, le comunicaron que no volvería a la recolección. "Ya venía triste, pero ese día fue peor", dijo Zanandrea.
"Decía que no era un 'ñoqui' para estar seis horas sentado sin hacer nada, cuando podía salir a trabajar. No podía dormir, no sabía cuánto iba a cobrar, tenía deudas y una familia que mantener."
— Solange Zanandrea
La familia de Casco confirmó lo que sus compañeros ya intuían: no había enfermedad previa que explicara su muerte. Lo que sí hubo fue un colapso anímico sostenido, una angustia que fue creciendo semana a semana desde que la privatización del servicio reorganizó, de manera abrupta y sin consulta, la vida laboral de decenas de trabajadores municipales.
El caso de "Catuto" no es el único, aunque sí el más extremo. Otros ex trabajadores de la recolección reasignados al área de Higiene Urbana denuncian las mismas condiciones: falta de tareas, incertidumbre salarial, sensación de inutilidad e invisibilidad institucional. La tercerización del servicio no solo cambió quién levanta los residuos en Concordia: también desarticuló identidades laborales construidas durante años.
Opinión editorial
La privatización de los servicios públicos tiene costos que raramente aparecen en los pliegos licitatorios. El municipio de Concordia entregó a VITSA una porción del servicio de recolección de residuos sin garantizar —o sin importarle— qué ocurriría con los trabajadores que habían sostenido ese servicio durante años. No fueron despedidos: algo acaso más cruel. Fueron vaciados de función. Trasladados a sectores donde no había nada que hacer, sin tareas, sin horizonte, sin la dignidad mínima que da el trabajo concreto. La muerte de Oscar "Catuto" Casco no puede atribuirse con certeza clínica a ese proceso, pero sus compañeros son unánimes: el hombre que conocieron no era el mismo hombre que apagó la luz por última vez. La angustia sostenida tiene consecuencias físicas documentadas. Privar a alguien de su trabajo —de su rol, de su rutina, de su capacidad de sostener a su familia— es una forma de violencia institucional que el Estado municipal ejerce sin manos pero con plena responsabilidad. Concordia merece una investigación seria sobre las condiciones a las que fueron sometidos estos trabajadores. Y merece, también, que alguien en la intendencia tenga la decencia de dar la cara.
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