OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

Crisis financiera y demoras en las prestaciones

Albarenque indicó que, en un periodo de aproximadamente diez meses, el ex Iosper enfrentó 5.520 amparos con embargo, lo que representó un costo de 15.000 millones de pesos. Esta judicialización masiva responde a demoras excesivas en la aprobación de servicios, donde prácticas que antes se autorizaban en una semana ahora pueden tardar hasta seis meses.

El afiliado relató casos críticos, como el de pacientes con fracturas que esperan meses por una prótesis o personas con enfermedades crónicas que no reciben sus insumos, viéndose obligadas a pagar sumas elevadas de su bolsillo o recurrir al hospital público ante la falta de reintegros efectivos.

Albarenque también hizo hincapié en graves irregularidades en la administración, mencionando denuncias judiciales contra la conducción por abandono de personas, uso de fondos para propaganda política y la compra de prótesis de mala calidad con sobreprecios de hasta el 500%. Asimismo, describió un ambiente de persecución laboral donde se produjeron despidos mediante "denuncias falsas y traslados de personal técnico especializado a tareas de limpieza o atención general como medida de castigo", dijo.

Un plan de vaciamiento del sistema solidario

Para el jubilado, este escenario no es accidental, sino que responde a un proyecto para destruir el sistema de salud solidario y favorecer a empresas de medicina prepaga. Albarenque concluyó que el desfinanciamiento de la obra social condena a los trabajadores a un sistema de salud ineficiente y precario.