“Ajuste sin diálogo”: estatales llevan su reclamo a Plaza Mansilla tras un mes de silencio oficial
A un mes del inicio de las asambleas interministeriales impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la protesta estatal se instala este miércoles en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. La decisión, tomada tras semanas de movilizaciones internas en los pasillos de la administración pública provincial, busca visibilizar un reclamo que ya se convirtió en un símbolo del descontento creciente dentro del Estado entrerriano: la reducción masiva de horas extras y la baja de contratos sin instancia de negociación ni respuesta formal.
Desde hace cuatro semanas, cientos de trabajadores estatales ocuparon el patio de la Casa Gris y organizaron actos, cánticos, pancartas y cortes de calle para exigir una audiencia que nunca llegó. En la última jornada, incluso se atrincheraron frente al despacho del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, sin obtener más que puertas cerradas.
“Hay un nivel de indiferencia institucional alarmante. Llevamos un mes haciendo ruido dentro del Estado y nadie nos recibió. Mientras tanto, familias enteras quedan sin ingreso”, denunció uno de los delegados sindicales durante la última movilización en la intersección de Córdoba y Laprida.
El plan de ajuste que sí habla
Desde el Gobierno, el gobernador Rogelio Frigerio rompió el silencio días atrás y reafirmó su posición de fuerza: “No cumplen las horas extras. Nosotros dijimos que no íbamos a pagar más en negro. Eliminamos los contratos de obra porque eran en negro”, sostuvo. Y añadió: “El Estado no puede ser el principal empleador en negro de la economía”.
El mandatario insistió en que su gestión avanzó en una “normalización” del empleo público, aunque en la práctica los trabajadores afectados denuncian recortes sin evaluación de funciones ni criterios de continuidad. La migración forzada de contratos de obra a figuras temporarias trajo incertidumbre, caída salarial y riesgo de despidos, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo interno.
Además, Frigerio justificó el recorte con una retórica que apela a la “equidad con el sector privado”: “Uno va a una pyme y no le pagan si no trabaja. ¿Por qué el Estado tiene que ser distinto?”, cuestionó, sin referirse a la falta de mecanismos transparentes para auditar el cumplimiento de horas o tareas.
Un conflicto que escala
La Asamblea Interministerial, compuesta por trabajadores de diversas áreas —Salud, Educación, Cultura, Niñez, Desarrollo Social—, comenzó a tomar forma como expresión transversal del malestar. La falta de respuestas por parte del Ejecutivo no solo radicalizó las acciones sindicales, sino que también encendió una luz de alerta en sectores que hasta ahora habían mantenido silencio.
Desde ATE advierten que, de no mediar una convocatoria urgente por parte del Gobierno, el conflicto podría derivar en un paro general del sector público provincial.
Mientras tanto, la postal de este miércoles marcará un nuevo hito: la protesta se instala en Plaza Mansilla, a metros del despacho del Gobernador, que aún no ha abierto la puerta al diálogo. La consigna de los trabajadores parece clara: sin respuestas, no hay tregua.
El ajuste golpea donde más duele. Las áreas más afectadas por el recorte de horas extra son precisamente las más sensibles: Niñez y Familia (60%), Desarrollo Social (55%) y Salud (45%). En un contexto de creciente vulnerabilidad social, inflación y demanda de asistencia, el Estado provincial decide reducir recursos humanos en sectores que sostienen comedores, atención primaria, contención de violencia familiar y acceso a derechos básicos.
La poda no es técnica, es política. Mientras el gobierno habla de “ordenar el empleo público”, miles de entrerrianos quedan desprotegidos en los territorios donde más presencia estatal se necesita.