El escándalo por el hackeo al Ejército Argentino se expande como un reguero de pólvora
El martes 13, el Ejército publicó un comunicado oficial en el que afirmaba que había recibido varias alertas sobre una brecha de seguridad informática que aún hoy se investiga.
Según trascendió desde fuentes castrenses, al menos 50.000 documentos de militares argentinos fueron infiltrados y hackeados por expertos en estas operaciones. Las autoridades remarcaron rápidamente que “...la investigación preliminar indica que podría tratarse de acceso a datos de carácter administrativo que no comprometerían las capacidades operativas de la fuerza”.
Sin embargo, el verbo comprometer conjugado en su uso potencial, es precisamente lo que genera que las versiones empeoren hora tras hora mientras no se conozca cabalmente el alcance del hackeo al Ejército nacional.
En principio, los técnicos de la empresa Birmingham Cyber Arms, advirtió a las autoridades de Defensa que estaban vendiendo datos de 50.000 uniformados de la Argentina.
Birmingham, tiene una página web, mefiltraron.com que se dedica a los análisis de hackeo a nivel mundial. “Somos un grupo internacional de investigadores de ciberseguridad trabajando en una enciclopedia de amenazas digitales enfocada en Latinoamérica y conflictos globales. Documentamos la mayor cantidad de incidentes de seguridad y actores maliciosos en la región en forma pública y gratuita”.
El periodista Daniel Romero fue de los primeros en alertar acerca de la situación y explicó que “...la información comprometida, incluye números de DNI, destinos de servicio, registros de viajes, domicilios familiares y certificados académicos, fue publicada en la web sin que ninguna dependencia del Estado reaccionara a tiempo. Recién tras la publicación en Total News Agency, el Ejército presentó una tímida explicación, “fechada el 13 mayo” que no cierra con el “desconocimiento” inicial, si bien aseguraron, aunque se notificó a la justicia el día 8 de mayo.”
Según confirmaron altas fuentes a NA, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, trabaja junto a las áreas de ciberdefensa militar en el análisis del incidente.
“La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) de la SIDE, dirigida por Ariel Waissbein, especialista en criptografía, área que se especializa en preservar datos, no ciberinteligencia, se sumó al monitoreo, aunque con severas limitaciones operativas: su plantilla se reduce a un solo colaborador que asiste apenas unas horas semanales debido a compromisos laborales paralelos”, explicó Romero.
No es la primera vez que el Estado argentino sufre los ataques de los hackers. Sólo durante la presidencia de Milei fueron hackeadas la Agencia de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el PAMI y el caso más grave el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La preocupación por estas intrusiones escaló hasta el despacho presidencial de Casa Rosada y al reflotar la vieja estructura de la SIDE, Javier Milei, dispuso que la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) a cargo de Ariel Waissbein se pusiera a la cabeza de la lucha contra los hackers.
Por ahora, el caso contra el Ejército Argentino crece en preocupación de las autoridades y de la institución castrense.