El exagente expulsado y condenado es Juan Pablo Caballero, de 40 años, oriundo de Victoria. El 24 de octubre de 2017, Caballero fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple y exhibiciones obscenas en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció que el 20 de julio de ese año abusó de una nena. Le aplicaron una pena de tres años de prisión condicional (no fue preso).

La sentencia fue emitida por el juez de Garantías y Transición de Victoria, José Calleja. El acuerdo de abreviado fue presentado por el fiscal Eduardo Horacio Guaita; el defensor de Pobres y Menores, Marcelo Santiago Balbi; y el defensor del imputado, Oscar Firpo. De la sentencia estuvo en conocimiento la madre de la pequeña víctima, quien llevó a la Justicia el caso.

Tras la condena, el Iafas, a través de la resolución Nº 1.277, fechada el 20 de diciembre de 2018, aprobó y finalizó el sumario administrativo abierto un año antes y le aplicó la sanción de cesantía a Caballero, prevista en el artículo 71º inciso F) de la Ley 9.755, de Marco de Regulación del Empleo Público.

Dicho artículo establece la expulsión para los empleados públicos que cometan “delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente”.

No conforme con esa resolución, Caballero presentó un recurso de apelación jerárquica solicitando la nulidad del procedimiento sumarial. Sin embargo, la petición no prosperó: el 10 de mayo de este año la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, firmó el decreto Nº 1010, mediante el cual rechazó el recurso y confirmó la expulsión.