La Corte Suprema le hará llegar al Gobierno un reclamo de los jueces federales por el estado de las cárceles

La Corte Suprema de Justicia llevará ante el Gobierno un reclamo de los jueces federales por el estado de las cárceles. La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, un organismo que reúne a los magistrados federales, le planteó al máximo tribunal su “extrema preocupación” por la “crisis” que atraviesa el sistema carcelario y le pidió que interceda frente al Poder Ejecutivo.

Como el Servicio Penitenciario Federal depende del ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, la Corte Suprema, que tomó nota del pedido, llevará el reclamo de los jueces ante el Gobierno.

Con una carta dirigida al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, los jueces federales realizaron una dura descripción de las cárceles federales. “Se encuentran actualmente desbordadas de internos, lo que lleva a que por falta de cupos, deban ser alojados provisoriamente en establecimientos totalmente inadecuados y en los que las fugas son reiteradas”, indicaron en la misiva que lleva la firma del titular del cuerpo, Javier Leal de Ibarra.

“Los internos dentro de las prisiones, lejos de alcanzar los propósitos perseguidos por la ley 24.660, orientados a su readaptación y resocialización, terminan inmersos en un sistema que los impulsa a delinquir”, sumaron los jueces.

 
Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y NacionalesCSJN
 
La crisis carcelaria podría agudizarse, entienden los jueces, con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad que impulsa el oficialismo. “[La ] situación se agrava de manera exponencial si consideramos que el Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación, ya ha anunciado en conferencia de prensa el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los trece (13) años”, se lee en el texto.

La intranquilidad de los jueces federales no se acaba allí. Según los artículos 15 y 57 del Código Procesal Penal Federal, afirma Leal de Ibarra en su carta a Rosatti, “los magistrados son quienes responderán por los alojamientos en lugares no habilitados, en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad”

Para reforzar el pedido, los jueces señalaron que la misma Corte Suprema se refirió con sus fallos a la responsabilidad que tiene el Estado sobre los establecimientos de detención. “Su deber no es sólo garantizar la dignidad de las personas sujetas a su control durante la detención, sino que existe una obligación de dar explicaciones sobre lo que sucede con ellas”, señalaron.

Por todo ello, los magistrados pidieron que la Corte Suprema insta al Poder Ejecutivo a que se adopten “medidas positivas” para “hacer cesar la crítica situación carcelaria”. “En función de lo expresado -afirma el documento-, solicitamos a V.E. que por su digno intermedio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza de este Poder del Estado, inste a las autoridades del Poder Ejecutivo para que en el ámbito propio de sus competencias, se adopten acciones positivas, con la mayor premura encaminadas a la implementación de políticas coordinadas orientadas a enfrentar y hacer cesar la crítica situación actual carcelaria”

La Corte se hizo eco del pedido de los jueces y armó un expediente que será enviado al Ministerio que conduce Bullrich, a cargo de los más de 30 establecimientos que el Servicio Penitenciario Federal tiene distribuido en 15 provincias.

En respuesta a esta problemática -la sobrepoblación carcelaria- a comienzos de mayo la ministra Bullrich confirmó que el Gobierno impulsará la creación de dos prisiones de carácter privado. El sector privado se hará cargo de la construcción de las instalaciones, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higiene y limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas cárceles.