El Tribunal Supremo de Estados Unidos considera que los presidentes tienen inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. En una sentencia de gran importancia para el futuro procesal del expresidente Donald Trump, los jueces conservadores le conceden una amplia inmunidad, aunque no absoluta. Es un gran triunfo para el exmandatario, que lo ha celebrado en su red social: “Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. Orgulloso de ser estadounidense”, ha escrito en letras mayúsculas. “El presidente es ahora un rey por encima de la ley”, dicen las juezas progresistas en su voto particular.

La sentencia llega a poco más de cuatro meses de las elecciones en que Trump aspira a volver a la Casa Blanca y días después de un debate televisivo que ha sembrado dudas sobre el estado de forma del actual presidente, Joe Biden, su previsible rival en las urnas del 5 de noviembre.

 
 
 
El Supremo anula los fallos de los tribunales inferiores que negaron inmunidad a Trump en relación con los intentos de alterar el resultado electoral de 2020 y les pide que decidan de acuerdo con los criterios que sienta en su fallo. La campaña de Trump envió comunicaciones a los seguidores en las que concluía que lo que ha logrado en realidad es la “inmunidad total”.

La sentencia se ha aprobado con el voto a favor de los seis magistrados conservadores, incluidos los tres que nombró el propio Trump. Han votado en contra las tres juezas progresistas. En total, entre la introducción, el fallo y los votos particulares, la sentencia ocupa 119 páginas. “El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo según la Constitución”, dice el fallo.

“El sistema de separación de poderes diseñado por los Padres Fundadores siempre ha exigido un Ejecutivo enérgico e independiente. Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”, continúa la sentencia, escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. “Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, independientemente de su política o partido”, añade.

El caso se remite ahora a la jueza federal que lo instruye. Ella deberá decidir qué fueron actos oficiales y qué no, pero el Supremo ya se pronuncia expresamente sobre algunos. Para empezar, blinda las comunicaciones entre Trump y su fiscal general, que servían de prueba de los intentos de dar un pucherazo electoral. Eso debilita la acusación. También considera que sus comunicaciones con el vicepresidente Mike Pence, incluso aquellas en las que le presionaba para que no se certificase la victoria de Biden en las urnas, deben tomarse como actos oficiales y presumirse inmunes, salvo prueba en contrario.

Para el resto de actuaciones de Trump que respaldan la acusación, la juez tendrá que ir estudiándolas, dando audiencia a las partes y dilatando más el proceso. “El Tribunal de Distrito debe analizar cuidadosamente las restantes alegaciones de la acusación para determinar si también implican conductas por las que un presidente debe gozar de inmunidad procesal. Y las partes y el Tribunal de Distrito deben asegurarse de que haya suficientes alegaciones que respalden los cargos de la acusación sin dicha conducta”, añade la sentencia. Al tiempo, deja claro que siempre que el presidente actúe de una manera que “no exceda de forma manifiesta o palpable [su] autoridad”, está llevando a cabo una acción oficial, lo que dificulta su persecución.

El caso que ha llegado al Supremo es el de Washington, en que el fiscal acusó al expresidente de cuatro presuntos delitos por tratar de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y aferrarse al poder haciendo trampas e impidiendo la certificación de esa victoria.

El primer triunfo de Trump ha sido dilatar el proceso, retrasando el comienzo de un juicio previsto inicialmente para el pasado 4 de marzo. Ahora, es prácticamente imposible que pueda sentarse en el banquillo de los acusados antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Si gana las elecciones, podrá además ordenar que se abandone la acusación en los delitos federales o incluso concederse un perdón a sí mismo.