Los movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de izquierda realizarán este lunes un “piquetazo nacional”, en continuidad de una serie de protestas en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios. “El hambre es el límite”, es la principal consigna.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, anunció que aplicará el Protocolo Antipiquetes y los desalojará si cortan calles, avenidas o puentes.

De los 500 cortes planificados para llevar a cabo a lo largo y ancho del país, en Entre Ríos se concretarán tres de ellos. Uno será sobre la Ruta Nacional 14 en el departamento Concepción del Uruguay, mientras que un segundo corte se ejecutará en la Ruta Nacional 12 del departamento La Paz, y un tercero tendrá lugar en 6 Esquinas del departamento Paraná.

“Llevaremos adelante una jornada nacional, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, con cabecera en el puente Pueyrredón y más de 500 cortes y movilizaciones en todo el país profundizando nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno, ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular”, anunciaron los dirigentes sociales que participarán de la protesta.

Está previsto que estos cortes ocurran de manera simultánea a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, el momento elegido puede cambiar, para anticiparse a las fuerzas de seguridad e inclusive que los bloqueos sean más.

“La gente ya no aguanta más. Son los vecinos que nos piden que salgamos a piquetear, a hacer cortes para demostrar el malestar que existe. Si nos tenemos que enfrentar a la fuerza militarizada de la ministra Bullrich, lo vamos a hacer, no nos importa nada”, expresó ante Infobae, Juan Carlos Alderete, líder de la CCC.

“Hace meses se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos, por orden de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país, donde las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares porque ya no alcanzan a sostener las ollas que alimentan a millones de familias que la están pasando muy mal”, abundó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

Pero ese no es el único reclamo. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), identificado con Juan Grabois, señalaron: “Atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el Potenciar Trabajo (ahora dividido en dos programas), el salario que complementa el laburo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal. Vuelven al relato de planes en trabajo, una vieja receta que desconoce estas labores con intención de seguir ajustando a los y las de abajo”.

Grabois también suma que “como si fuera poco, pusieron fin a las obras de integración socio-urbana que tanto necesitan las familias que viven hacinadas y sin servicios básicos en nuestros barrios”.

Entre los movimientos que convocan destacan el Polo Obrero y la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni es uno de sus referente; el Frente Popular Darío Santillán, que lidera Dina Sánchez; el Movimiento Evita, que entre sus principales dirigentes tiene a Emilio Pérsico, Gildo Onorato y Alejandro Gramajo, también secretario general de la UTEP, Libres del Sur, encabezado por Silvia Saravia; la Corriente Clasista y Combativa, liderada por Juan Carlos Alderete y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois y Nicolás Caropresi.

“Desde que llegó La Libertad Avanza al poder no mandaron a los comedores ni un kilo de fideos para los pibes, para las familias que cada vez, en mayor número llegan a los comedores porque tienen hambre”, repite Belliboni.

La ministra Pettovello anunció que ya llamó a licitación para la compra de alimentos “de forma trasparente”, que rompió con la “cartelización” que existía y que la asistencia está llegando a través del aumento del 100% en el valor de la Tarjeta Alimentar, y del programa Alimentar Comunidad, una tarjeta prepaga que se les otorga a los responsables de los comedores y merenderos “matriculados”.

La funcionaria explicó que “de esta manera se le quitó la tercerización a los dirigentes sociales que distribuían de manera discrecional y sin rendición como una forma de extorsionar a la gente”.

De manera paralela, se dejaron de enviar las partidas de dinero a 281 Unidades de Gestión, que eran los lugares a los cuales los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían realizar las 20 horas semanales de tareas. La mayoría eran cooperativas, organizaciones civiles y municipales.

Según los funcionarios de Capital Humano, de esta manera se le quitó a los piqueteros el poder de “pasar lista” a los que asistían para así recibir la asistencia del Estado. Ahora será el propio gobierno quien controle.