El Gobierno diseña un plan a dos bandas para cumplir con su objetivo de de "flexibilizar" el mercado de trabajo: se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del mega DNU de Javier Milei y, por otro lado, avanzó en el diseño de un proyecto de ley que contempla esta batería de reformas.

En el oficialismo aducen que si bien la presentación realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) era una "obligación" legal, hay interés en poner en vigencia rápidamente el denominado capítulo laboral del decreto ideado por el "asesor off line" Federico Sturzenegger, que busca "facilitar la contratación de empleados y hacer más flexible un mercado" que, según su visión, hoy está inmerso en un sinfín de trabas legales.

Es en en este contexto, que el equipo de abogados del Estado, a cargo de Rodolfo Barra, presentó en las últimas horas un escrito ante el máximo tribunal que incluye críticas a la justicia laboral y a la CGT, cuya representación cuestiona.

   "No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora", argumentan los abogados de la Procuración.

El citado documento, además, plantea que "tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar", en referencia a la central obrera.

 Javier Milei.

Es que los argumentos de los abogados que comanda Barra evitan darle peso al principal cuestionamiento de las diversas resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del decreto: la invocación de las condiciones de "necesidad y urgencia" a las que recurrió el Ejecutivo para en ese entonces evitar pasar la reforma por el Congreso.

Cuando los jueces de la Cámara Federal del Trabajo dejaron sin efecto el capítulo 4 del decreto, remarcaron que "el texto del artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad".

Empero, en su escrito de casi 40 páginas los abogados de la PTN objetan los criterios de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral para fundamentar la no aplicación de la reforma.

"Se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa", apuntan.

Foco en el Congreso
Pero más allá de esta estrategia legal, Milei junto a su mesa chica decidió enviar al Congreso el capítulo laboral del DNU. Según pudo averiguar este diario de fuentes gubernamentales, el objetivo es introducir cada una de las enmiendas en un sólo proyecto de ley, que sería enviado para su tratamiento en sesiones ordinarias.

Pero hay dudas en el oficialismo sobre cuándo oficializar esa agenda parlamentaria. Es que sin perjuicio de haber dado luz verde al proyecto, cerca del primer mandatario consideran pertinente "esperar una respuesta" de la Corte antes de poner este tema en debate en el Parlamento, Entre este martes y miércoles la mesa chica del Ejecutivo volvería a tratar el asunto.

 La reforma laboral propuesta avanza en la flexibilización de las condiciones laborales -elimina el sistema de multas, por caso-, reduce las indemnizaciones pero también limita el derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos (establece como optativas las cuotas solidarias a los afiliados).