La inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial, realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia en diciembre del año pasado, no podía quedar sin respuesta de sus bases. Los incondicionales del expresidente boliviano (2006-2019) han cortado por un lapso indefinido las rutas en su bastión, la zona cocalera del Chapare, y bloqueado la principal vía económica del país, la que comunica a la capital administrativa, La Paz, con la próspera Santa Cruz de la Sierra. También han paralizado el tránsito en la región de Potosí. Así, el largo y variado historial de cortes de rutas en Bolivia se ha incrementado con un nuevo tipo. Por primera vez estos se realizan en contra del Poder Judicial.

Los “evistas” que ocupan las carreteras demandan que los magistrados de los altos tribunales, incluyendo a los del TCP que imposibilitó una nueva postulación de Morales, renuncien a sus cargos y se convoque de inmediato a elecciones judiciales. Desde la perspectiva de los manifestantes, Bolivia está sufriendo un “golpe judicial” por dos hechos: la prórroga indefinida del mandato de los magistrados, que finalizó el 31 de diciembre pasado, y el aplazamiento sin fecha de las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023. El Gobierno y la mayoría de los analistas consideran que el objetivo de fondo de las protestas es otro: impedir la inhabilitación electoral de Morales propiciando la conformación de un nuevo TCP que revea la sentencia constitucional 1010/2023, la cual fijó un máximo de dos periodos continuos o discontinuos para los presidentes, y así sacó a Morales de cualquier competición futura, pues este ya ocupó tres veces el más alto cargo político boliviano, de 2006 a 2019. En un discurso en cadena nacional, el presidente Luis Arce dijo que tiene “razones para estar alerta y en pie de combate”. Señaló que los seguidores de Evo Morales, que etiquetó como “nueva derecha”, se suman a las ya conocidas amenazas conservadoras en contra de su Gobierno, solo “por ambiciones personales y electorales”.

La demanda de los movilizados hace eco de una preocupación internacional. El 22 de enero, Margaret Satterthwaite, relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, se pronunció en Ginebra por la pronta realización de elecciones judiciales en Bolivia, lo que consideraba “uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia”. El expresidente Morales se solidarizó con Satterthwaite en sus redes sociales. Arce discursó que se deben hacer “todos los esfuerzos para allanar el camino hacia elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constitución y evitando el cuoteo político”.

Las elecciones de magistrados, que también son exigidas por la oposición tradicional con métodos parlamentarios, se trabaron el año pasado por la disputa de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que quedó fragmentada tras la división del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) en dos grupos, uno leal a Morales y otro al presidente Arce. El TCP también contribuyó a este fracaso, ya que declaró inconstitucionales dos convocatorias a los comicios judiciales. Se lo ha acusado de haber inviabilizado las elecciones para poder prorrogar a los actuales tribunales. El “evismo” sostiene que el Gobierno necesita la prórroga de las actuales autoridades judiciales para asegurar la reelección de Arce en 2025 mediante la inhabilitación de Morales y la entrega de la personería jurídica del MAS al ala partidaria que responde al presidente. Por eso el corte de rutas se realiza en contra de esta prórroga.

La elección popular de los magistrados es una innovación boliviana, introducida por la Constitución de 2009. Las dos elecciones que se han realizado hasta ahora han sido fácilmente controladas por el MAS, que contaba con dos tercios del Parlamento y podía seleccionar por sí mismo a los candidatos que luego presentaría a consideración del electorado. Como ningún partido posee ya esta ventaja, la elaboración de una lista de candidatos exigiría la celebración de acuerdos entre distintas bancadas, lo que implicaría compartir entre ellas la influencia política sobre la justicia. Hasta ahora, este desafío se ha mostrado demasiado grande para el actual sistema político boliviano.