El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció estar “alarmado” por el “brusco aumento” del uso de la pena de muerte en Irán, donde el pasado martes fue ejecutado Mohamad Ghobadlu, un joven discapacitado intelectual de apenas 23 años que estaba acusado de matar a un agente de Policía durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini.

Según Türk, Ghobadlu se convirtió en la víspera en la novena persona ejecutada en relación con las protestas masivas en Irán, y parte del extranjero, por la polémica muerte de Amini, la joven kurdo-iraní fallecida en septiembre de 2022 bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal puesto el velo.

Junto a Ghobadlu también fue ejecutado Farhad Slaimi, un ciudadano kurdo que había pasado los últimos catorce años en prisión. Tras estos dos casos, ascienden al menos a 54 las ejecuciones en Irán en lo que va de año, según informes a los que ha aludido el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“La pena de muerte no es compatible con el más fundamental de los derechos: el derecho a la vida. Debe ponerse fin de inmediato a esta práctica”, dijo Türk en un comunicado en el que insta a Teherán a respetar el derecho al debido proceso y a un juicio justo para todos los acusados. 

“También me inquietan profundamente los informes sobre confesiones forzadas obtenidas bajo coacción. Tales confesiones no deben invocarse como una prueba en ningún proceso”, añadió finalmente Türk, que insta a Irán a “promulgar una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte” con vistas a “abolir por completo” esta práctica.

En este sentido, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró que cada vez haya “más consenso” a nivel internacional en favor de la abolición de la pena capital, pues casi tres cuartas partes de los países del mundo ya han abolido o introducido una moratoria sobre esta práctica. “Imploro a las autoridades iraníes que sigan su ejemplo”, reiteró Türk.

Las autoridades iraníes anunciaron el martes la ejecución de Ghobadlu después de que los delitos que se le imputaban fueran examinados por dos tribunales independientes, que confirmaron el cargo de “asesinato intencionado”, así como el delito de “corrupción en la tierra”, entre otros.

El acusado confesó sus delitos, en particular el atropello de los agentes con la intención de matarlos, en un juicio llevado a cabo con la presencia de Ghobadlu y su abogado designado, varios testigos presenciales y peritos forenses. Su equipo legal alegó trastorno mental, sin embargo, los médicos señalaron que “no se observan” síntomas ni evidencias de un “trastorno psiquiátrico”.

Ghobadlu fue condenado en noviembre de 2022 tras un ataque contra un vehículo policial en Teherán que se saldó con la muerte de un policía. En diciembre, el Supremo rechazó la apelación del condenado y ratificó su condena a muerte, si bien en las autoridades iraníes suspendieron en febrero de 2023 su ejecución mientras se investigaba la acusación por homicidio.

Varias ONG denunciaron alrededor de 500 de personas muertas a causa de la represión de las protestas, mientras que las autoridades negaron su responsabilidad en la muerte de Amini y acusaron a países occidentales de azuzar las protestas, pese a que reconocieron algunos abusos y excesos por parte de las fuerzas de seguridad.