Diputados provinciales justicialistas del bloque Más para Entre Ríos presentaron un proyecto de Ley de Góndolas Entrerrianas con el objetivo de "resguardar a las pequeñas empresas, cooperativas y consumidores locales del impacto negativo de medidas del gobierno nacional".

La norma pretende promover condiciones de competencia justa, "prohibiendo los abusos de posición dominante en el mercado; y que fortalezca el tejido productivo regional, garantizando relaciones igualitarias entre los productores locales, las Medianas y Pequeñas Empresas (MIPyMEs) y los grandes establecimientos comerciales".

La iniciativa también pretende garantizar "una mayor oferta de productos a disposición de los consumidores" en las grandes cadenas de supermercados y defender la "generación de empleo local".

La iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados busca remediar a nivel provincial la derogación de la Ley de Góndolas nacional del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, de Javier Milei. Según los legisladores justicialistas entrerrianos, esa medida presidencial "favorece aún más a las a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, perjudicando a productores regionales".

El proyecto de ley presentado en Diputados apunta además a "sensibilizar a los sobre las ventajas económicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos".

De aprobarse la iniciativa, las cadenas de supermercados, hipermercados y negocios de igual rubro en la provincia deberán disponer los productos locales “claramente identificados en el lugar de su exhibición, en un espacio visible” manteniendo un porcentaje ecuánime entre lo expuesto por diferentes proveedores. Asimismo, queda prohibido que un mismo grupo empresario supere el 40% del espacio disponible de exhibición.

Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble y estantería, en los que se ofrecen productos de similares características, incluidas las puntas de góndola y también para páginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico.

Además los grandes comercios deberán mantener condiciones de no discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productos alcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no están comprendidos en la norma.

En su comunicado los legisladores justicialistas expresaron que "contra el postulado del 'sálvese quien pueda' en el marco del feroz ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, sostienen que la propiedad privada debe tener una función social y estar al servicio del desarrollo equitativo de los ciudadanos y de la provincia, tal como lo señalan la Constitución Nacional y la de Entre Ríos".

Por otro lado, destacan que la protección de las MIPyMEs, productores primarios y cooperativas que tengan su proceso productivo mayoritariamente en el territorio entrerriano contribuye a una mejor distribución del ingreso y a generar mayores oportunidades laborales.

Será autoridad de aplicación de la ley el Ministerio de Desarrollo Económico y luego de su sanción, el Poder Ejecutivo provincial tendría un plazo no mayor a 90 días para reglamentarla.

Son autores del proyecto Lorena Arrozogaray, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Stefanía Cora, Silvia Moreno, Laura Stratta, Andrea Zoff y José María Kramer, y coautores Mariel Ávila, Sergio Castrillón y Yari Seyler.